La DNCP, cuyo titular es Pablo Seitz, finalmente concluyó el sumario a la empresa Engineering, de Juan Andrés Campos Cervera, en la que nuevamente se confirmaron las desprolijidades en la ejecución de la pasarela “ñandutí”, obra que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), dirigido por Arnoldo Wiens, adjudicó a dicha firma.
A través de la resolución N° 4.396/21, con fecha del 1 de octubre, Contrataciones suspendió a la conocida “superproveedora” para contratar con el Estado, durante un año. El escrito recién se dio a conocer ayer, tras la notificación a las partes involucradas, según justificó Seitz, y en el mismo se reveló que la compañía incurrió en varias irregularidades en la criticada pasarela, que le costará al Estado más de US$ 2 millones.
Pero este “castigo” no impedirá a Engineering seguir participando de las licitaciones de las diferentes instituciones del Estado, porque el dueño de la firma, Juan Andrés Campos Cervera, ya ubicó como accionistas de Barrail Hermanos SA a su esposa, cuñado y hasta a uno de sus gerentes, con la intención de seguir ganando licitaciones con esta compañía.
En este sentido, María del Mar Cabello Manevy, gerente de Engineering y esposa Campos Cervera, y su hermano Sebastián Fernando Cabello Manevy, crearon la empresa 3CCC SA, que hoy figura como uno de los principales accionistas de la empresa Barrail Hermanos SA, según figura en el documento oficial de constitución de la firma.
La sociedad de los hermanos Cabello Manevy se constituyó en marzo de este año, aparentemente solo para sumarse a los nuevos accionistas de Barrail Hermanos, constructora que se vendió en octubre del año pasado a varios inversionistas, entre ellos los propietarios de Engineering.
Otro gerente de Campos Cervera que figura como accionista de Barrail Hermanos es Armando Anastacio Amarilla Ramos, según los datos. Justamente, Amarilla Ramos, fue electo como presidente del directorio de Barrail y el cuñado de Campos Cervera, Cabello Manevy, fue designado vicepresidente de dicha compañía. Con sus cercanos en puestos estratégicos, el dueño de Engineering tiene el terreno preparado para seguir facturando con el Estado.
Incluso, nuevamente en el propio MOPC ya le adjudicó este año el Hospital del Sur de Encarnación, por US$ 30 millones, al consorcio del que forma parte Barrail Hermanos.
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Sanción a accionistas
Si bien la ley N° 6716/2021 modificó y amplió la ley N° 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, extendiendo las prohibiciones y limitaciones para contratar con el Estado a las empresas que hayan sido sancionadas, abarcando también a los directores, gerentes, socios gerentes, entre otros, ésta todavía no se puede implementar al caso de Engineering. Así manifestó el titular de la DNCP, Pablo Seitz, con el argumento de que la empresa fue sancionada con un contrato que se le adjudicó en el 2019 y la nueva ley es de 2021.
“El proceso (de la pasarela “ñandutí”) se publicó en el 2019, por lo que se le aplican las reglas vigentes a la fecha de publicación”, expresó y enfatizó que la ley “no puede ser retroactiva”.
Wiens evita informar sobre situación del contrato
Mientras tanto, en el MOPC nadie quiere informar respecto a lo que pasará con el contrato de la pasarela “ñandutí”. Ayer intentamos conversar con el titular de la cartera, Arnoldo Wiens, o algún funcionario sobre este tema, pero evitaron informar al respecto, pese a la larga espera en el ministerio.
También se quiso consultar sobre la nueva millonaria contratación del Hospital del Sur, que se adjudicó a un consorcio en el que está la firma vinculada a Engineering.
El titular de la cartera se niega a dar explicaciones a la prensa, pero ayer recibió en su Gabinete al cuestionado ex titular de Dinac, Edgar Melgarejo, imputado por el caso de los “tapabocas de oro”. En su momento, varios periodistas pidieron la realización de conferencias de prensa en el MOPC, para informar sobre los temas de interés, pero esto no se logra hasta ahora. Wiens maneja con total hermetismo la institución, que es la que más recursos públicos maneja.
El director de comunicaciones de la institución, Víctor Recalde, se limitó a decir ayer que “por de pronto no hay declaraciones” sobre los temas consultados.
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Hubo incumplimientos y mala fe
Según la resolución de la DNCP, tras el análisis de todos los elementos del caso, se ha corroborado en el sumario que Engineering no ejecutó la obra dentro del término del pliego de bases y condiciones, no ha realizado la instalación eléctrica de conformidad a lo establecido en el contrato, no ha extendido las garantías de anticipo y las pólizas de obra conforme al pliego y al contrato “configurándose el supuesto contemplado en el inciso b) del Art. 72 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas”. El inciso b de la normativa señala que podrán ser inhabilitados los proveedores o contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, “causen daños o perjuicios al organismo, entidad o municipalidad de que se trate”.
Asimismo, resalta que la “superproveedora” actuó con mala fe en la suscripción de la adenda N° 1 y 2, con la cual ha obtenido condiciones más ventajosas “en razón que con los ítems ‘nuevos’ incorporados en los convenios modificatorios N° 1 y N° 2, los porcentajes de los costos indirectos, constituidos por la suma de los gastos generales e impuestos y beneficios tuvieron variaciones significativas con relación a la oferta, sin que haya justificaciones para ello”. Estas adendas representaron G. 3.142.820.246 más al contrato. Agrega además que se ha otorgado una ventaja “desproporcional”, que conforme a la Contraloría equivale a una modificación del 87,18% del contrato y las bases concursales, lo cual implica un cambio sustancial en el Contrato, “configurándose el supuesto contemplado en el inciso c) del Art. 72 de la Ley 2051/03 De Contrataciones Públicas”.
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El inciso c de la ley prevé la inhabilitación de “los proveedores o contratistas que proporcionen información falsa o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia, o bien, en la presentación o descargo de un procedimiento de conciliación o de una inconformidad”.
“Es así que en cuanto a la gravedad de la infracción se puede observar que existió una falta administrativa grave por parte de la firma sumariada, en razón del incumplimiento dado que no ha ejecutado la obra dentro del término establecido en las bases concursales y el contrato”, expresó.