Cooperativas advierten que ley de transacciones generaría un sobrecosto

La ley transacciones electrónicas generaría un sobrecosto debido al nivel de seguridad alto que implicaría, advierten desde de la Confederación Paraguaya de Cooperativas a través de una nota. El presidente Mario Abdo Benítez recibió el proyecto de ley y tiene plazo hasta el 28 de octubre para decidir si promulga o veta la iniciativa.

En Paraguay se procesan unas 10,3 millones de transacciones de giros y pago vía móvil al mes.GENTILEZA
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La Confederación Paraguaya de Cooperativas advirtió a través de una nota al presidente de la República, Mario Abdo Benítez, el impacto negativo que podría tener la promulgación de la ley de transacciones electrónicas.

Alegan que la actual redacción del artículo 103, cuestionado por el sector de telefonía por establecer un alto nivel de seguridad en lugar de dejar al ente regulador, podría dificultar el trabajo de inclusión financiera que viene realizando el sector cooperativo.

“Si bien se tiene previsto que será reglamentada la ley, dicha reglamentación se realizará sobre un nivel de seguridad alto y ello conllevará muy probablemente costos elevado”, expresa la nota emitida el 5 de octubre. Añade que también se tornaría difícil el uso de herramientas informáticas por parte de socios con pocos ingresos.

Según estima el sector cooperativo, los usuarios frecuentes de este servicio retornarán al uso de envío de dinero a través de enviados, o por encomiendas u otros mecanismos que inclusive dificultarán la trazabilidad del movimiento del dinero.

Tiene tiempo hasta el próximo 28 para decidir

El presidente Mario Abdo Benítez recibió el proyecto de ley “De los servicios de confianza para las transacciones electrónicas” (giros) y tiene plazo hasta el 28 de octubre para decidir si promulga o veta total o parcialmente la iniciativa. El documento genera rechazo en el sector de las telefonías, pero en contrapartida cuenta con el apoyo de la asociación de bancos.

De acuerdo a los datos, el documento cuenta con 106 artículos; por lo tanto, el plazo para que el Ejecutivo se pronuncie es de 20 días hábiles.

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