Por unanimidad, los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, integrantes de la Sala Penal de la CSJ, resolvieron declarar inadmisible el recurso extraordinario de casación interpuesto por el intendente de San Antonio, Raúl Isaac Mendoza Ramos, bajo patrocinio de la abogada Sandra Landoni.
La casación planteada por el acusado de lesión de confianza es contra el Auto Interlocutorio N° 228 de fecha 17 de febrero de 2021, mediante el cual el Juzgado de Garantías de Lambaré, a cargo de la jueza Isabel Bracho, resolvió admitir la acusación fiscal por el hecho punible de lesión de confianza y ordenar la apertura a juicio oral y público, y contra el A.I N° 250 del 26 de marzo de 2021, dictado por el Tribunal de Apelaciones de Central, por el que se declaró inadmisible el recurso interpuesto por la defensa del intendente.
El ministro Ramírez Candia (preopinante) resalta que la casación interpuesta por Mendoza Ramos no cumple los requisitos establecidos en el Articulo 477 del Código Procesal Penal, teniendo en cuenta que las resoluciones contra las que plantea el recurso no ponen fin al presente proceso, como exige la norma, sino que, por el contrario, ordenan su continuidad.
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Los demás ministros miembros de la Sala Penal se adhirieron al voto del preopinante y, en consecuencia, se declaró inadmisible el recurso promovido por la defensa del intendente de San Antonio, acusado de lesión de confianza por un presunto daño patrimonial de más de G. 850 millones de los recursos del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Dilató el proceso con chicanas
El proceso penal al intendente liberal comenzó en el 2016 y corresponde a su primer periodo de mandato (2010-2015). El caso judicial se fue prolongando por varios meses a consecuencia de chicanas y recusaciones contra la fiscala María José Pérez, quien hasta ahora continúa en la causa.
La Junta Municipal rechazó igualmente todos los balances presentados por Mendoza en todo este segundo periodo de mandato (2015-2020).
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Sobre este punto, nuevamente existen en ese periodo denuncias de sobrefacturaciones en las obras. Uno de los casos emblemáticos está representado en el Centro Cultural, que tuvo un costo superior a los G. 4.000 millones.
Existe también una denuncia sobre supuesto enriquecimiento ilícito presentada en la Fiscalía de Delitos Económicos contra el jefe comunal y su entorno familiar cercano. Dicha denuncia se encuentra “cajoneada” desde el año pasado en el Ministerio Público.