El objetivo es dar a conocer al Gobierno las inquietudes y propuestas de solución sobre diversas problemáticas que sufre uno de los sectores más excluidos por las políticas públicas y más vulnerados en sus derechos.
En Paraguay viven poco más de 122.000 personas indígenas (1,8 % de la población nacional) que pertenecen a 19 distintos Pueblos Indígenas.
Entre las principales problemáticas estructurales que les afecta se encuentra la falta de restitución y aseguramiento de territorios, lo que impide el disfrute de los demás derechos.
Esto ha propiciado el empobrecimiento por desposesión de sus territorios y recursos naturales, de parte de actores económicos agro-extractivistas como productores sojeros, ganaderos o forestales.
La falta de territorios seguros además vulnera su derecho a la autodeterminación, al no poder conservar y reproducir sus culturas y formas de vida.
Las últimas estadísticas disponibles y comparables (DGEEC 2017) muestran cómo la pobreza afecta de forma diferencial a la población indígena. Mientras la población nacional alcanzaba un 26,4 % de pobreza y un 4,4 % de pobreza extrema en 2017, un 66,2 % de la población indígena vivía en la pobreza y un 34,4 % en la pobreza extrema.
A pesar de que el Presupuesto General de la Nación puede ser una herramienta estratégica para revertir esta realidad cada año, los recursos que se destinan al Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) no logran impactar decisivamente y más bien reproducen la situación actual de las cosas.
Más todavía en un contexto donde a las deudas históricas de restitución de derechos se suman los impactos por la pandemia de COVID-19, que afectó de forma específica a los pueblos indígenas.
Una herramienta importante para identificar y orientar acciones prioritarias, programas y políticas es el recientemente aprobado Plan Nacional de Pueblos Indígenas PNPI 2020-2030.