La demanda de pago por consignación se presentó en mayo del año pasado y desde febrero último el caso está en autos para la sentencia. El juez Garcete informó a ABC que “en breve” se tendrá una sentencia.
Royal seguros, vinculada al exjefe de gabinete del gobierno de Horacio Cartes, Juan Carlos López Moreira, había depositado el monto mencionado en una cuenta judicial, en mayo de 2020, y se inició una demanda de pago por consignación. La aseguradora pretende que el juzgado condicione el pago de la garantía a las resultas de un arbitraje internacional en curso entre la portuguesa Mota Engil (ex contratista del metrobús) y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).
Este arbitraje sigue su curso y lo que pretende Royal es esperar la sentencia del Tribunal de arbitraje y solo pagar la millonaria póliza si el Tribunal Arbitral sale a favor del Estado. Esto significa que el juez Garcete debe decidir si transfiere los fondos al MOPC o que se espere la resolución del arbitraje “ad hoc”.
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“La compañía de seguros hizo una demanda de pago por consignación, es decir, depositó la plata pero pide que eso no se extraiga hasta tanto se resuelva la controversia que hay a nivel arbitraje. La Procuraduría acepta el pago, pero sin condicionamientos. Ambos coinciden al pago de consignación, pero la parte actora (Royal) se opone a que se retire todavía hasta tanto se resuelva el arbitraje”, expresó Garcete.
Según la Procuraduría, la demanda iniciada por Royal no corresponde por el simple hecho de condicionar el pago a las resultas del arbitraje. “Esa demanda la inició Royal por pago de consignación, que está sujeta a una condición y eso no es propio de un pago por consignación, porque este tipo de acciones se toman cuando hay deudas que el acreedor no quiere recibir. Eso está mal en su demanda según nuestro criterio y el Estado tiene todo para ganar”, había señalado en su momento a ABC el Procurador General de la República, Juan Rafael Caballero.
Caballero actualmente se niega a informar sobre el avance del arbitraje y también sobre esta demanda de Royal Seguros.
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Una póliza recuperó el Estado de la fallida obra
Vale señalar que el MOPC rescindió el contrato del metrobús en febrero de 2020, cinco meses después de que las obras se hayan paralizado, porque la portuguesa Mota Engil se negó a prorrogar la garantía de Royal. Tras esta decisión, reclamó las garantías del anticipo (Banco Itaú) y la garantía de fiel cumplimiento de contrato (Royal). Itaú devolvió en dos pagos unos US$ 6 millones, luego de amenaza de demandas por parte del Estado y Royal resolvió depositar los 6,2 millones en una cuenta judicial.
Recordemos que el MOPC pagó más de US$ 30 millones a la portuguesa Mota Engil, firma que avanzó apenas cerca del 30% de lo proyectado en el metrobús. A la firma le adjudicaron los tramos 2 y 3 (12 km de la ruta Mariscal Estigarribia y avenida Eusebio Ayala) por US$ 54 millones, en febrero de 2016 (G. 300.417 millones), pero se incrementó 35%, a través de una adenda, llegando a US$ 72,7 millones (G. 403.900 millones). En octubre de 2018, la empresa abandonó las obras y luego demandó al Estado en un arbitraje internacional, que sigue su curso, donde pretende cobrar otros US$ 25 millones. La actual administración de Arnoldo Wiens, también realizó millonarios pagos a la firma. La fiscalía tiene una causa abierta desde hace tres años, pero a nadie imputó hasta ahora.