Desde el caso FIFAGATE, con el escándalo de Nicolás Leoz y sus offshores Canelazo Limited y Mandi’o Limited abiertos en las Bahamas, pasando por las offshore de Darío Messer que ingresó descomunales sumas de dinero al Paraguay provenientes de cuentas bancarias ocultas tras offshores en paraísos fiscales, los nuevos hallazgos internacionales generan más preocupación aún por una reglamentación prácticamente inexistente en Paraguay.
Correos, archivos, planillas electrónicas, organigramas y hasta fotografías pertenecientes a empresas de papel o de portafolio (offshores) abiertas en paraísos fiscales fueron filtrados al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), una organización sin fines de lucro con sede en Washington (EEUU). Pandora Papers es probablemente una de las mayores filtraciones y una colaboración sin precedentes. Unos 600 periodistas alrededor de todo el planeta –más de cien latinoamericanos- trabajaron casi 11,9 millones de archivos para unos 150 medios de comunicación pertenecientes a 117 países y territorios alrededor del mundo.
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Los documentos filtrados exponen actividades de la realeza como el Rey de Jordania, los presidentes de Ucrania, Kenya y Ecuador; aparecen figuras como el Primer Ministro de República Checa que se compró una mansión por 22 millones de dólares en la Riviera francesa bien equipada con cine y dos piscinas, y aparece hasta el ex Primer Ministro del Reino Unido Tony Blair. También se revelan actividades del entorno del líder ruso Vladimir Puttin así como más de 130 billonarios de Rusia, Estados Unidos, Turquía y otras naciones.
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Latinoamérica con mayor cantidad de políticos
A nivel de políticos latinoamericanos aparecen los presidentes de República Dominicana Luis Abinader, Guillermo Lasso de Ecuador y Sebastian Piñera de Chile. Entre los ex presidentes latinoamericanos aparecen Horacio Cartes de Paraguay, Cesar Gaviria y Andres Pastrana (Colombia), Porfirio Lobo (Honduras), Alfredo Cristiani y Francisco Flores (El Salvador), Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares (Panamá).
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Los tres países latinoamericanos con mayor cantidad de datos son Argentina, Brasil y Venezuela, en ese orden. Y de los 336 políticos a nivel mundial, 92 son latinoamericanos; América Latina aparece como la región con más políticos registrados en la filtración del #PandoraPapers. Entre los 92 políticos, 35 de ellos son presidentes y ex presidentes y la mitad de todos los políticos registrados usaron los servicios financieros de ALCOGAL (Alemán, Cordero, Galindo & Lee), uno de los bufetes jurídicos más conocidos de Centroamérica.
Según ICIJ, Alcogal ha sido un imán para personas con fortuna en América Latina que pretenden ocultar su riqueza en el exterior. El estudio jurídico sirvió de intermediario empresarial para más de 160 políticos y cargos públicos según los documentos, entre los cuales han estado presidentes panameños, un candidato hondureño para las próximas elecciones, el presidente ecuatoriano Guillermo Lasso y hasta el Rey de Jordania.
Siempre según ICIJ, Alcogal ha prestado servicios a varios de los personajes implicados en algunos de los más grandes casos de corrupción en América Latina tales como el caso ODEBRECHT (ahora conocido como Novomor) y hasta los involucrados en el FIFAGATE. En su descargo, ALCOGAL ha dicho que “constituir empresas es solo un aspecto de sus servicios legales y que opera pleno cumplimiento de todos los requisitos aplicables en cada jurisdicción en la que trabajamos”. La empresa “lleva a cabo en profundidad las comprobaciones debidas sobre los clientes que se consideran de alto riesgo, independientemente de la naturaleza de la relación o del servicio”, afirmaron en la carta.
“Los documentos filtrados muestran que Alcogal estableció más de 200 empresas ficticias en Panamá y otras jurisdicciones a petición de la Banca Privada d’Andorra (BPA), un banco privado con sede en el pequeño principado situado entre Francia y España. Algunas de estas empresas se utilizaron posteriormente para desviar fondos en la trama de corrupción pública venezolana, según muestran los documentos” aclara el ICIJ.
Las filtraciones que hoy salen a la luz provienen de unas 14 empresas proveedoras de servicios financieros alrededor del mundo que abren compañías de portafolio, la mayoría para que sus clientes oculten sus actividades en las sombras. El ICIJ afirma que en una era de inequidad y autoritarismo, la investigación del Pandora Papers provee la perspectiva de desigualdad de cómo el dinero y el poder actúan en el siglo 21, y cómo las reglas de la ley han sido rotas alrededor del mundo por un sistema financiero secreto convalidado por países desarrollados.
Récord de registros para Paraguay
“Paraguay” aparece mencionado en una gran cantidad de archivos dentro de la base de datos del Pandora Papers. Bajo la clave “confidencial” figuran registros o correos más de 1.600 veces (varios repetidos), algunos con sofisticadas grafías anglosajonas y otros bien autóctonos en idioma guaraní como “Ikatú Limited” u “Ogará “.
Muchas de las “empresas de papel” fueron abiertas por paraguayos pero hay también un sinnúmero de ciudadanos argentinos, brasileños y otros extranjeros que han referido a Paraguay por las inexistentes normas para las offshore: de acuerdo a las fuentes formales del sistema financiero paraguayo consultadas, nos regimos por las reglas que decidan poner los países donde se abren las empresas de portafolio, es decir, legislaciones de los paraísos fiscales conocidos por su renuencia a la transparencia y flexibilidad en las reglas.
Casos locales muy llamativos
De entre las menciones a Paraguay en Pandora, hemos rescatado las que hacen referencia a nuestro país como ubicación geográfica de la empresa, o como residencia de los directivos o de los beneficiarios finales de las offshore. Inicialmente hemos detectado más de 160 casos que refieren a nuestro país: al ser una actividad lícita y permitida por nuestras leyes, serán publicados solo casos que afecten al interés público.
Muchos de los casos registrados en Paraguay son insólitos: desde una mujer que hoy día está presa en el Buen Pastor y que logró abrir una offshore y hasta poner una directiva representada por abogados de Panamá pasando por sonados casos judiciales que incluyen vaciamiento de un banco, dos financieras, contratistas del estado paraguayo que fueron procesados y empresarios de deportes. En el listado internacional que publica hoy el ICIJ cobra destaque el caso del ex Presidente Horacio Cartes quien manejó una offshore mientras fue presidente y no la reportó en su declaración jurada de bienes.
Las offshore vinculadas a connacionales han sido abiertas en casi todos los paraísos paraísos fiscales, una gran mayoría usando como puente y triangulación al Uruguay, varios de ellos con apoyo de bufetes jurídicos paraguayos. Al menos unas 14 empresas proveedoras de servicios financieros son mencionados en los documentos, entre los más importantes vinculados al Paraguay aparecen tres empresas que han sido las favoritas de los paraguayos: ALCOGAL (los panameños Alemán, Cordero Galindo y Lee), Overseas Management Company INC (OMC GROUP) y TRIDENT TRUST COMPANY. Además de estos aparecen SFM Corporate Services SA, Alpha, Arguellos & Co, Asiaciti Trust, Cititrust, Glenn D. Godfrey & Company LLP, y otros.
Los lugares físicos de las aperturas de cuentas son diversos y variados: desde las Islas Vírgenes Británicas pasando por la centroamericana Belice, Panamá o las islas caribeñas de Nevis y Bahamas e incluso las Islas Seychelles en Africa Oriental. Y en todos los casos, la transparencia de la empresa abierta depende de la legislación del paraíso fiscal elegido.
Al antojo de los controlados
Considerando sendos escándalos financieros judicializados y ocurridos en nuestro país, se ha podido ver de qué manera se giraron descomunales cifras de dinero desde cuentas ubicadas en bancos en Paraguay hasta llegar a cuentas ocultas respaldadas por offshores en el extranjero. Y también vicerversa: el caso Messer mostró cómo desde cuentas bancarias escondidas en paraísos fiscales aterrizaban en el Paraguay gigantescos montos de dinero.
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En el caso Nicolás Leoz se confirmó de qué manera se giraba el dinero que aterrizaba en Paraguay hasta cuentas escondidas tras empresas de papel. Dos de esas empresas vinculadas al caso Leoz han sido, por ejemplo, CANELAZO LIMITED y MANDI’O LIMITED, ambas abiertas en el año 2007 en Bahamas a través de la proveedora financiera Cititrust Bahamas Limited. Reportes publicados por nuestro diario también demostraron de qué manera se enviaba dinero desde Paraguay a Panamá, para desde allí ir a la banca suiza.
Tanto el Banco Central del Paraguay (BCP) como la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad), coincidieron en señalar que la apertura de las offshore no están prohibidas por la legislación paraguaya. Sin embargo, esa misma legislación que permite flexibilidad con aperturas en paraísos fiscales no está tolerada en territorio paraguayo donde se exigen acciones nominativas.
Ambas instituciones apuntaron que el control del dinero y posibles movimientos ilícitos a través de las empresas de portafolio dependen exclusivamente de las entidades financieras, puesto que éstas son las que deben alertar sobre los movimientos realizados por sus clientes.
Desde Seprelad, reconocen que “la utilización de empresas offshore, per se, no es delito, mas sí una situación de riesgo que las normas de prevención de lavado obligan a observar con detenimiento, conforme a una debida diligencia con enfoque basado en riesgos.”
Las transferencias a jurisdicciones offshore deberían generar alertas automáticas. Sin embargo, varios casos han demostrado en los últimos años que millonarios movimientos realizados desde y hacia Paraguay no generaron ruido alguno, convirtiendo a nuestro país en destino de fondos implicados en casos de lavado.
El dinero puede salir y entrar sin mayores problemas y en grandes cantidades, según Seprelad y el BCP; la legislación asegura que son los Bancos quienes deberán estar atentos y vigilantes. Tal prerrogativa no se tiene para circulación de dinero interno donde últimamente la ciudadanía ha pasado por estrictos controles para realizar depósitos o transferencias en cuentas locales bancarias, financieras o cooperativas, inclusive para cambiar moneda extranjera.