La investigadora del Ministerio Público aclaró que la Fiscalía no es la encargada de realizar el desalojo propiamente dicho, sino que se constituye a verificar la flagrancia del hecho punible de desalojo y ordenar las detenciones en caso de comprobar que el hecho se esté realizando.
Fueron un total de 72 casas precarias las que se hallaron en el predio de aproximadamente 4 hectáreas. De acuerdo a la denuncia, estas personas comenzaron a ingresar al predio hace aproximadamente 5 meses y empezaron a construir las casitas. La invasión se fue dando en forma muy gradual, pues en una primera etapa ingresaron nada más que 10 personas y posteriormente fueron sumándose otras.
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La fiscala Sandra Ledesma recordó que una colega, la investigadora Sonia Pereira, en su momento se constituyó en el lugar y les explicó que se trataba de una propiedad privada, mostrándole incluso los planos y el título de propiedad.
Se les señaló además que el inmueble ya fue loteado, tiene calles y el loteamiento fue aprobado por la Municipalidad.
Sabían que era propiedad privada
Pero, refiere la agente, los cabecillas de la invasión esperaron que se lotee y luego ingresaron a la propiedad. “Empezaron a construir a sabiendas de que era un predio privado. Lastimosamente, se tuvieron que generar imputaciones y ordenar detenciones”, señaló Ledesma.
Otra arista grave de la denuncia tiene que ver con que muchos de los habitantes de las casitas denunciaron que a ellos se les pidió sumas considerables de dinero a cambio de lograr “un lugar” en este asentamiento.
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“Les incitaron a ingresar a la propiedad con falsas promesas de que les titularían este inmueble. Los denunciantes ahora estarán yendo hasta el Ministerio Público; nos dieron ya algunos nombres, algunos tienen recibos de dinero de lo que pagaron. Vamos a tomarles su declaración y vamos a procesar a estas personas por estafa, no solo por invasión de inmueble”, detalló la fiscala.
La investigadora recordó que apropiarse del patrimonio económico de personas bajo engaños y aprovechándose de la situación de necesidad es reprochable penalmente.
No obstante, la fiscala rescató el hecho de que las personas decidieron salir sin violencia, pues prefirieron ser pacíficas y evitar cualquier proceso penal.
Montos que pedían
Si bien la agente fiscal no maneja aún con exactitud cuánto dinero estaban cobrando a las personas por el “derecho” a los terrenos, en base a testimonios presume que estaban pidiendo entre G. 2 millones y G. 3 millones, dependiendo del caso, y otros inclusive más, dependiendo de la “cara del cliente”.
Si se suma a las 20 familias que se apostaron en la propiedad, los cabecillas de la invasión se habrían llevado más de G. 50 millones.
El viejo cuento
Se recomienda a las personas que sueñan con un terreno propio no caer más en el viejo cuento al que apelan los dirigentes de este tipo de invasiones. Siempre les dicen a las personas que se tratan de terrenos fiscales en trámite de titulación, crean supuestas comisiones, juntan a las personas y comienzan a cobrarles el dinero para “la organización”.
Según la fiscala Ledesma, los dueños de la propiedad pusieron a disposición camiones y estibadores que les ayuden a retirar sus pertenencias y llevarlas al lugar donde les digan.
Posteriormente, la Fiscalía se constituyó en otro predio cercano del mismo propietario y un poco más pequeño, que también fue invadido.
Proponen un arreglo con dueños
Pablina Román, una de las desalojadas, contó que ingresó a las tierras en mayo del año pasado creyendo que se trataba de un terreno fiscal.
Señaló que el señor Sindulfo Lovera fue el que los ubicó en el predio y sostuvo que no puede hablar “de una persona que sé que lucha por los pobres”.
Argumentó que llegó a pagar la suma de G. 500.000 para colaborar con los tractores que abrieron las calles, la limpieza, la instalación del agua, la energía eléctrica, etc.
“Después de 40 años esto está limpio, era un bosque, y ¿por qué ahora justo que alguien entra quieren molestarnos? No estamos ajenos a pagar lo que se nos pide, ¿por qué no vienen los dueños a hablar con nosotros? A nosotros hasta ahora nos dicen que es un terreno fiscal, no sé si existen dueños de estas tierras. El abogado que trabaja con nosotros nos dice que es solamente una parcela la que tiene título. No niego que soy invasora, pero podían enviar a sus abogados a ver a qué arreglo llegábamos”, manifestó Román.