La ministra Carmen Marín, quien este martes fungió de vocera de la reunión virtual que se mantuvo en Palacio de Gobierno con representantes de telefonías, sobre el proyecto de ley de servicios de confianza para transacciones electrónicas, refirió que la reunión fue a solicitud de estas entidades de medios de pagos electrónicos, conjuntamente con el jefe de Gabinete Civil, Hernán Huttemann.
En la oportunidad, los representantes de las entidades de pagos electrónicos expresaron su preocupación con respecto al alcance de esta iniciativa.
Lo que más preocupa a los que se dedican al rubro de los pagos virtuales y el punto central del conflicto es el artículo 103 del proyecto de ley de servicios de confianza para transacciones electrónicas, que fue el punto central del planteamiento de estas entidades de medios de pago. Este artículo habla de un nivel de seguridad alto a la hora de hacer operaciones electrónicas e identificarse. Las empresas telefónicas, por su parte, prefieren que el ente regulador defina los niveles de seguridad para las diferentes transacciones.
Aún hay tiempo
Carolina Marín, de la Unidad de Gestión de la Presidencia, recordó que la ley tiene un plazo de cuatro meses para su reglamentación.
Mientras tanto, los que se dedican a gestionar estos pagos dicen que está bien que la identificación tenga un nivel de seguridad alto, pero explican que se requiere de una gradualidad en la implementación.
En síntesis, el planteamiento de las entidades de medios de pagos es que la implementación de la norma sea de a poco.
Agregó que esta gradualidad va en línea con el dictamen que el Banco Central del Paraguay (BCP) había emitido en su momento.
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Harán recomendación técnica
Adelantó que harán una recomendación técnica en base a esta reunión, pero aclaró que seguirán escuchando a los demás sectores e integrantes del Poder Ejecutivo. “Hay que escuchar al BCP, al Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) y a la Comisión Nacional de Valores”, dijo.
Destacó que la preocupación de los que se aponen a la implementación de la ley así como está tiene que ver con el alcance del articulo 103. Manifestaron que este tipo de servicios no existe en el mercado, por lo que, según la interpretación que ellos tienen, podría tener algún costo para el usuario, explicó Marín.
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Inclusión financiera importa al Ejecutivo, dice
“Manifiestan que una entidad tiene que certificar el nivel de seguridad y en ese caso se requiere una entidad que se haga cargo. Esto podría restringir el normal funcionamiento del sistema; estamos evaluando técnicamente las implicancias que podría tener. Desde el Poder Ejecutivo es importante la inclusión financiera para nosotros”, remarcó la ministra.
Resaltó que en cuanto a la importancia de tener un nivel de seguridad alto, en eso coinciden entre todos los sectores.