El asesor jurídico de Opaci, abogado Héctor Ramírez, analizó el nuevo proyecto de ley que busca regular la explotación de tragamonedas en el país, con el objetivo de proteger a niños y adolescentes de caer en la ludopatía. La iniciativa tiene media sanción del Senado y se encuentra en análisis en varias comisiones de la Cámara Baja. Precisamente, el análisis fue a pedido de la Comisión Nacional de Narcotráfico, Ilícitos Conexos y Graves de la Cámara de Diputados, presidida por Tito Ibarrola.
En su Dictamen N° 31/2021, Ramírez explica que no acompaña el citado proyecto de ley. También aprovecha para cuestionar a la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), cuyo titular es José Antonio Ortiz Báez, por su Resolución N° 34/2020, con la que autorizó la explotación de tragamonedas en sitios prohibidos por ley, como despensas, bares, bodegas y otros lugares de libre acceso.
El abogado precisó que con dicha resolución, la Comisión “se autoatribuye” la potestad de habilitar la explotación de las máquinas en una supuesta “nueva modalidad” y lo que hace es simplemente permitir que los aparatos se usen en sitios no previstos en la Ley N° 1.016/97 de Juegos de Azar, ya que el artículo 23 de la ley establece que la autorización de los locales de juegos de azar es exclusividad de las municipalidades y entre ellos no se encuentran las despensas, bodegas y afines. En el derecho público, lo que no está expresamente permitido, está prohibido.
No obstante, el objeto principal del análisis del asesor de Opaci fue el proyecto de ley de tragamonedas, sobre el cual señaló: “Si bien el objetivo de la ley es sumamente loable y adherimos plenamente, sin embargo lo que pretende regular es materia de la ordenanza municipal y no de la ley”. Destaca que se repiten conceptos ya previstos en la Ley N° 1016, por lo que son innecesarios y se prevén sanciones “imprecisas y contradictorias” a las que establece la ley, razones por las que considera inviable la nueva iniciativa parlamentaria.
Entre los aspectos que ya están vigentes, señala por ejemplo la definición del juego y la autoridad de aplicación (los municipios y el proyecto se ratifica).
ABC consultó a Ramírez cuáles son las medidas que considera que deberían establecerse. Sobre todo, considerando que critica la resolución de Conajzar pero tampoco acompaña la propuesta legislativa. Respondió que ya existen las ordenanzas municipales. Al ser insistido en que en las calles se aprecia que se incumplen las disposiciones, respondió que eso no es motivo para atropellar la autonomía municipal con una nueva normativa.
Desnuda contradicciones
El dictamen enviado a Diputados es el primer documento público de Opaci, al menos que se haya difundido, con relación a la “regularización” de tragamonedas. El organismo cuenta con un representante en Conajzar con voz y voto, Ricardo Núñez Giménez (hermano del diputado Basilio “Bachi” Núñez), y reconoce que este actúa en contra de la postura jurídica de la organización sobre este tema.
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Pero esta no es la única contradicción. En noviembre de 2013, bajo el mandato del presidente Horacio Cartes, Ricardo Núñez firmó un compromiso de proteger a los niños de la ludopatía. Actualmente, con el cambio de Gobierno y bajo la administración de Mario Abdo Benítez, “borró con el codo lo que firmó con su puño” al apoyar la Resolución N° 34/2020, que viola lo establecido en la ley de juegos de azar y el Decreto N° 3.083/2015, así como la Resolución N°36/2016 de Conajzar que contiene la reglamentación, también rubricada por el mismo.
Requerido sobre las sanciones a ser aplicadas por la Opaci a su representante, alegó que la comisión directiva, presidida por María del Carmen Benítez, intendenta de Ybycuí, no solicitó analizar la conducta de Núñez. Al ser insistido en que con el dictamen confirma irregularidades que ameritan investigación de oficio, afirmó que no le corresponde esa tarea. Se intentó conversar con Benítez y Núñez pero no se tuvo retorno.
Advierten de caos jurídico
Javier Balbuena, asesor jurídico y expresidente de Conajzar, observó que el dictaminante omitió reconocer los alcances del Decreto N° 3.083/15 y advirtió de un caos jurídico. Afirmó que el Congreso pretende darle mayor fuerza de aplicación a dicho decreto y otras normativas afines que ya existen, para que no exista ninguna discusión al respecto. Sin embargo, podría crear un caos, sostuvo.
La Contraloría y la Secretaría Anticorrupción (Senac)calificaron de ilegal la resolución 34 de Conajzar, pero de nada sirvió porque ésta sigue vigente.
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Designan fiscal para investigar irregularidades de Conajzar
La fiscala María Estefanía González confirmó a ABC el pasado fin de semana que ella es la agente designada para investigar la denuncia de presuntos hechos punibles en Conajzar, planteada por los senadores Esperanza Martínez, Jorge Querey y Enrique Bacchetta, hace casi un mes. Los legisladores solicitaron que se analicen la adjudicación de la explotación de la quiniela a la empresa TDP SA, del expresidente Juan Carlos Wasmosy, a pesar de ser morosa con el fisco; la “regularización” de tragamonedas en sitios prohibidos y la reducción del canon a concesionarias de juegos de azar en plena pandemia, decisión que significó la caída de ingresos de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), institución clave para la asistencia y sobre todo durante la crisis sanitaria.
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La titular de esa institución es Carmen Corina Alonso, integrante de Conajzar, quien registró un incremento de 463% de su patrimonio desde que accedió a dicho cargo de confianza. La funcionaria alegó que se trata de “herencias”.
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