El abogado Filemón Meza, defensor del acusado de narcotráfico y otros delitos Reinaldo Javier Cabaña Santacruz, alias Cucho, solicitó al Juzgado de Garantías N° 2 de la Capital, a cargo de la magistrada Alicia Pedrozo, la revisión de medidas cautelares y que se otorgue el arresto domiciliario a su defendido.
Atendiendo el requerimiento de la defensa, la magistrada convocó para mañana la audiencia, de la que Cabaña participará por medios telemáticos desde la cárcel de Emboscada, hasta donde fue trasladado a fines de julio de este año, debido a informaciones de los organismos de seguridad y de Inteligencia Penitenciaria que daban cuenta de un posible atentado contra la vida del interno en la Penitenciaría Nacional de Tacumbú.
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El pasado 21 de julio la defensa ya había realizado la misma petición, alegando que Cabaña Santacruz está recluido desde el 6 de setiembre de 2018, tiempo que a todas luces supera el plazo de tiempo de la duración de la medida cautelar de la prisión preventiva constituyendo la situación una flagrante violación a los derechos reconocidos y consagrados por la Constitución Nacional, el Pacto de San José de Costa Rica y las leyes penales vigentes.
Sin embargo la jueza Alicia Pedrozo ratificó la prisión preventiva del acusado, como solicitó la fiscala antidrogas Lorena Ledesma, quien fundamentó que el peligro de fuga de Cucho está vigente, atendiendo la elevada expectativa de pena de los delitos atribuidos al acusado.
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En coincidencia con el argumento de la agente del Ministerio Público, la jueza Pedrozo explicó que la duración de la medida cautelar debe estar supeditada al mínimo de la expectativa de pena de los hechos punibles imputados, que en el caso de Cucho Cabaña es de 5 años cada uno.
Cabaña Santacruz está acusado de narcotráfico y otros delitos en el caso conocido como “Berilo”, en el que también está acusado el diputado colorado y candidato a intendente de Ciudad del Este Ulises Quintana, por los hechos de asociación criminal, contemplada en el artículo 42 de la ley antidrogas; y lavado de dinero, establecido en el artículo 196 del Código Penal.
Acción pendiente en la Corte
La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, integrada por los ministros César Diesel, Alberto Martínez Simón y César Garay, debe resolver la acción de inconstitucionalidad que planteó la fiscala Lorena Ledesma contra la resolución de un tribunal de apelación, que en diciembre de 2019 revocó la resolución de la jueza Alicia Pedrozo, por la cual hizo lugar al plazo extraordinario de cinco días para que el fiscal Ysaac Ferreira presente las pruebas de la acusación en el caso del Operativo Berilo.
El tribunal integrado por los camaristas Pedro Mayor Martínez, Gustavo Ocampos y Gustavo Santander alegó que la acusación debe estar acompañada de todos los elementos probatorios, sin embargo el Ministerio Público no cumplió con lo que establece la ley en el caso Berilo.
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Los camaristas agregaron que no se puede volver a una etapa preclusa, atendiendo que si la Fiscalía General presenta una nueva acusación, habrá dos requerimientos conclusivos y “nadie puede tener dos acusaciones en un mismo proceso”.
Por su parte la fiscala Ledesma sostiene que el Tribunal de Apelación, con su fallo, anuló la acusación y por eso el Ministerio Público accionó ante la Corte. “O se ratifica la resolución de Cámara o avanzamos a la audiencia preliminar y luego al juicio oral, si es que el Juzgado resuelve eso”, puntualizó la agente del Ministerio Público.