Humberto Blasco, titular de la Junta Municipal, recordó que el tratamiento del pedido de reajuste salarial para los trabajadores tuvo dos etapas. El primer ingreso de la nota de pedido fue el 30 de julio, y el tema se trató en plenaria el 5 de agosto.
Posteriormente, repasó el edil, el tema fue devuelto a la intendencia, y retornó a la Junta el 1 de setiembre.
La estrategia de la sanción ficta
Después de esto, recordó Blasco, hubo un periodo de interrupción. Sin embargo, la Intendencia Municipal comunica a la Junta que por dictamen de la Asesoría Legal consideraron directamente sanción ficta de la ordenanza para el reajuste de los sueldos.
Teniendo en cuenta que es un hecho inminente que la Intendencia dictará una resolución de sanción con respecto a la suba de salarios, el presidente de la Junta anunció que convoca a una extraordinaria mañana jueves, en la cual se dará ingreso a la comunicación remitida por la Intendencia.
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Además, el pleno de la Junta espera el dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto, que es la que está estudiando estos proyectos de resolución.
Blasco recordó que la resolución corre para las tres ampliaciones presupuestarias que se habían hecho, e insistió en que la Ley Orgánica habla de 45 días de plazo para dar una respuesta.
Toman la fecha que les conviene
Llamativamente, la intendencia está teniendo en cuenta la primera remisión, sin considerar que luego hubo pedidos de informe y otros requerimientos que ocasionaron que el plazo regrese a foja cero. Por tanto, de acuerdo a la interpretación de Humberto Blasco, aún no se cumplen los 45 días de plazo para responder.
Muy por el contrario, el cómputo de la Intendencia dice que ya transcurrió el plazo legal para sanción ficta, por lo que un dictamen de Asesoría Jurídica recomienda a la Intendencia dictar resolución cuanto antes respecto a la suba salarial.
Para Blasco, en este momento la decisión está en el ámbito de la Intendencia y los ediles ya no tienen participación. Aun así, ya señaló que se siente en la obligación de comunicar lo ocurrido al pleno.
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Sabían que plazo se interrumpiría
El concejal reconoció que le sorprende que se hayan devuelto los tres expedientes, pues se sabía que esta acción interrumpiría el plazo, y tendría que reiniciarse.
Blasco anunció que en la sesión extra de mañana jueves, remitirán todo lo ocurrido a las comisiones de Legislación y Hacienda. “Remitiremos para que ellos analicen dictaminen; aguardaremos para saber qué posición tienen las comisiones”, detalló el edil.
Luego de este análisis, la Junta podría pedir una reconsideración de la resolución, lo que sería el camino administrativo más conciliatorio, o bien podría solicitar directamente la revocación de la resolución de sanción ficta.
Muestran dictamen, pero no resolución firmada
No obstante, Blasco aclaró que, al menos hasta las 13:00, la Intendencia aún no había remitido la resolución de sanción firmada -solo enviaron el dictamen jurídico- por lo que se seguía aguardando el documento.
“De ahora en más ya corre por cuenta de la Intendencia aplicar su resolución en la fecha que crean conveniente; estarían habilitados”, reconoció Blasco.
Los G. 7.000 millones que se disponen serían destinados a la Intendencia y la Junta Municipal. El incremento tiene un impacto importante en el presupuesto general de la Comuna, pues aparte del reajuste para alcanzar el salario mínimo vigente, la suba trae aparejada otros beneficios establecidos en el contrato colectivo, como la bonificación familiar, el subsidio de gastos médicos, pago por título universitario, entre otros ítems.
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¿Fuente de financiamiento? La gran pregunta
Al consultársele concretamente a Blasco si se tiene el dinero para costear semejante reajuste, se limitó a decir que “esa es una buena pregunta para la Intendencia”.
“Me gustaría saber cual es la fuente de financiamiento, porque si se trata de préstamos de vuelta, ese pedido volverá a la Junta, y si es para reajutes, está complicado. Además, la ley nos impide hacer préstamos para reajustes salariales”, recordó el concejal.
“Es incorrecta la interpretación”
Por su parte, el edil Federico Franco (Juntos Podemos) criticó la interpretación que la intendencia hizo de este pedido, y resaltó que, de acuerdo a lo que consta en el acta, la petición es del 1 de setiembre.
“En esa fecha fue enviado el pedido a la Junta Municipal, de acuerdo a la Ley Orgánica Municipal la Junta tiene 30 días para expedirse sobre la solicitud. Por lo tanto, no venció aun el plazo”, remarcó Franco.
El concejal sostuvo que la ampliación del presupuesto no tiene sanción ficta, y añadió que el tratamiento del dictamen ni siquiera estaba en el orden del día de este miércoles, por lo que no se explica el motivo por el cual sus colegas no acudieron a la sesión.