La propiedad que fue adquirida durante el gobierno de Juan Carlos Wasmosy hasta ahora no efectiviza un plan de ocupación para los pueblos originarios que desean poseer de hecho las tierras, pese a que los mismos ya manifestaron que tienen familias que desean trasladarse al lugar para establecerse permanentemente las tierras.
El mayor inconveniente que existe al respecto es que mientras la ocupación no es permanente, el lugar es explotado por terceros, que ingresan para extraer madera que luego comercializan de forma particular. El caso más reciente involucró Osmar Alcides Pintos, quien incluso poseía un aval del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) para explotar el lugar, situación que además de ser irregular, el ente no pudo justificar.
Ante este caso, el hecho fue denunciado por otros representantes de pueblos originarios y el poder que Pintos poseía fue revocado, pero no se formuló ninguna imputación de parte de la fiscalía dado que el permiso fue proveído por un organismo estatal, en este caso el Mades. Según informaciones, pese a que Pintos no posee más autorización de ingreso a la propiedad igualmente estaría intentando negociar con los líderes cercanos a la zona para continuar con la extracción de recursos.
Este hecho demuestra lo vulnerable que son en el Chaco paraguayo las propiedades catalogadas como reservas nativas, ya que hasta el momento ni el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI) ni el Mades brindaron una información oficial al respecto. Existe la voluntad de ocupación de los integrantes de pueblos originarios que se quieren asentar en el lugar pero no hay un acompañamiento estatal para proveer de las necesidades básicas para vivir allí, como energía eléctrica o agua.
Consultamos el caso con el presidente del INDI Edgar Olmedo, pero hasta el momento no nos dio ninguna respuesta.