Entre marzo de 1995 y julio de 1996, el Instituto Paraguayo del Indígena (Indi) pagó casi G. 2.000 millones en concepto de compra de tierras en los departamentos Alto Paraná, Itapúa y Canindeyú. La adquisición se concretó- de acuerdo a los datos proporcionados- durante la gestión del entonces titular del ente, Valentín Gamarra.
A 26 años de esa operación, los tres inmuebles en cuestión soportan litigios judiciales y conflictos en simultáneo, debido a que otras personas también aseguran ser los dueños legítimos de esas tierras y reclaman solución al caso.
En Canindeyú, la comunidad indígena Vera Ro viene exigiendo un punto final a la problemática existente, pues afirma que la finca Nro. 4209, con 1.300 hectáreas, pertenece al Indi, que en 1995 desembolsó G. 520 millones por un título de propiedad con esas características. Sin embargo, años después saltó la denuncia de que un empresario también contaba con el título y pidió el desalojo de los nativos.
Otro caso guarda relación con la finca Nro. 632, con 4.924 hectáreas, en Itapúa, adquirida por la administración de Gamarra en marzo de 1995, por un monto de G. 534 millones a “Partners Inc”. Allí, la comunidad indígena Makutinga fue desalojada y pide la restitución de las tierras. No obstante, también se presentaron otras personas como propietarias legales de dicha finca.
El tercer caso es el que se arrastra en Itakyry, de Alto Paraná, en una propiedad de más de 1.300 hectáreas que el Indi reinvindica haber comprado por G. 818 millones. Según el el instituto, el título de propiedad fue transferido a nombre del Indi en 1996 por el señor Lorenzo Mario Pastor D´Eclesiis.
En este último caso, varios pequeños productores aseveran que se encuentran afincados en esas tierras desde hace más de dos décadas. Sostienen que adquirieron las parcelas del Indert (Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra). Este conflicto derivó meses atrás en el desalojo de los miembros de la comunidad Ka´a Poty, que ocupa parte de la finca desde el 2018. Actualmente esta comunidad está encabezada por Marta Díaz, quien insiste en que esas hectáreas corresponden al Indi. A través de una medida provisoria judicial, la comunidad ocupó nuevamente el sitio.
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Los tres casos están judicializados y sin señales que se resuelvan a corto plazo, había indicado el actual presidente del Indi, Édgar Olmedo, quien agregó que mientras no haya nulidad, o se esclarezca el origen de los títulos, la institución seguirá reivindicando las tierras como suyas.
Antecedentes
En febrero del 2019, medios de prensa locales publicaron que Ana María Allen, entonces presidenta del Indi, había anunciado que denunciaría ante la Fiscalía la aparente compra irregular de tierras y la existencia de varios casos de “doble titulación”. Incluso dio a entender que el Indi había adquirido esas tierras “solo en papeles”, es decir, no existen.
Mientras, el ex titular del Indi, Valentín Gamarra, bajo cuya gestión habrían sido compradas estas tierras en conflicto, fue procesado y condenado a prisión en el 2005 por desviar fondos destinados al pago de tierras a favor de comunidades de aborígenes. Asimismo, soportó otros procesos judiciales por sobrefacturación y compra irregular de propiedades a nombre del Indi, según publicaciones periodísticas.
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