Entre marzo y abril pasado, funcionarios de la Dirección de Auditoría Forense del Ministerio de Salud realizaron un estudio de los ingresos de la XI Región Sanitaria, departamento Central, cruzándolos con los trámites computados en la Oficina Técnica de Vigilancia Sanitaria.
La auditoría fue realizada con base en una denuncia anónima recibida en la Dirección General Anticorrupción y Transparencia del Ministerio de Salud. La denuncia, del 9 de noviembre, señala que supuestamente habría un “cobro paralelo para habilitación y renovación de farmacias de todo el departamento Central, habiendo un perjuicio al mes de G. 50 a 60 millones mensuales, más de G. 600 millones ya aproximadamente de desvío”.
Durante la auditoría, los técnicos encontraron que en entre enero y marzo de 2019 los ingresos de la XI Región Sanitaria fueron de G. 255.188.608, mientras en el mismo periodo del 2020, llegaron solo a G. 63.339.342 y entre enero y marzo de 2021 ingresaron G. 62.332.920.
El reporte señala que haciendo un comparativo entre estos tres primeros meses, hubo una recaudación 75% menor en 2020 frente al 2019. Cabe señalar que recién en marzo de 2020 se registró el primer caso de covid-19 en el país y distintas instituciones del Gobierno determinaron parcelaciones y otras facilidades en el cobro de aranceles.
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Entre otras cosas, el informe de los auditores indica también que “según informe de la Oficina Técnica de Vigilancia Sanitaria, en algunos formularios de trámites realizados no fueron visualizados los cobros de aranceles cotejados con el informe del Departamento de Ingresos”.
Entretanto, “en el informe detallado de recaudación, proveído por el Departamento de Ingresos, algunos trámites realizados por las empresas no condicen con lo detallado en los formularios de la Oficina Técnica”, señala el documento.
En la conclusión, los auditores señalan que en la XI Región “exponen a la institución a un alto riesgo de comisión de irregularidades”.
Por otro lado, existe una nota remitida al director de la XI Región Sanitaria, doctor Roque Silva, advirtiendo de esta situación el 5 de noviembre de 2020. La nota es del jefe administrativo, Luis Barreto Ayala, quien señala que encontró “varias discrepancias” entre las tareas realizadas por Vigilancia Sanitaria Regional y los aranceles percibidos por las mismas.
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Al ser consultado al respecto, Ayala asumió ayer haber enviado la nota denunciando la situación y dijo que como respuesta, Silva le dijo “que no era de mi competencia”. Aseguró que ni ante su denuncia ni ante los resultados de la auditoría se tomaron medidas. Ante esta situación y atendiendo su responsabilidad como administrador, aseveró que recurrió a otras instancias de Salud Pública y también a la Contraloría General de la República.
Pese a ser él la principal autoridad de la XI Región Sanitaria, ayer el doctor Roque Silva no quiso hablar del tema; desviando las consultas a la dirección de Vigilancia Sanitaria. Estamos abiertos a recibir su versión cuando lo considere.