El viceministro de Tributación, Óscar Orué, adelantó que están analizando el marco legal para disponer que todas las facturas que se emitan a partir de un monto tengan que ser nominales, es decir, con el comprador identificado. Añadió que el objetivo es establecer dicha obligatoriedad junto con la facturación electrónica.
Actualmente, ninguna empresa tiene la obligatoriedad de establecer nominación en las facturas que se emiten, pues es el cliente quien decide si quiere o no facturar a su nombre, explicó el viceministro de Tributación. Dijo que no existe ninguna resolución ni ley que establezcan la obligatoriedad de identificar a los clientes, por lo cual muchas veces se hace difícil la trazabilidad, por ejemplo, en el rubro de las tabacaleras.
No obstante, adelantó que dentro del plan de la facturación electrónica buscarán establecer también la obligación de que las facturas emitidas sean nominales a partir de cierto monto mínimo. Indicó que todavía están analizando el marco legal y verán si será necesaria una nueva ley o solo una resolución.
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Al ser consultado sobre la cantidad de facturación con clientes innominados que se manejan, alegó que desconoce la cantidad o porcentaje y que se tendría que hacer un control bien exhaustivo para determinarlo. Pero añadió que si los mecanismos legales para introducirlo con la facturación electrónica, estarán avanzando.
En cuanto al Sistema de Trazabilidad del Tabaco en Paraguay (Sitratap) que fue creado por una ley del año 2015 y reforzada en el 2018 con otra ley que fue promulgada con el fin de combatir el comercio ilícito y la evasión impositiva, ninguna de las dos leyes (5538/15 y 6107/18) se encuentra completamente en vigencia por falta de reglamentación.
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Sobre el punto, Orué indicó que desde lo que corresponde a la SET se cumplió con la disposición y que a través de este mecanismo se puede tener un mejor control de estos productos. No obstante, hay disposiciones pendientes por parte de otra cartera del Estado (Ministerio de Industria y Comercio) para cerrar el círculo del control.
Sin dudas, estas desprolijidades y lagunas legales son aprovechadas para hacer tráfico ilegal de cigarrillos hacia el exterior (contrabando). Los datos oficiales muestran que al año se producen 2.800 millones de cajetillas, pero entre el consumo local y la exportación legal solo llegan a 418 millones, o sea el 21% del total, quedando un gran margen de estas mercaderías (2.200 millones) probablemente en algunos puertos y/almacenes clandestinos.
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Siendo el contrabando una las principales fuentes de financiamiento del lavado de dinero, llama la atención el poco interés de las autoridades de control en esclarecer estos temas.