La fiscala María Luján Estigarribia Marín, de la unidad penal 19 de la Capital, dijo ayer a ABC que ya asignó el caso a un grupo de funcionarios de su oficina y que ordenó las primeras diligencias.
La representante del Ministerio Público indicó que la Policía presentó un resumen de una investigación interna, que ahora debe ser analizado para llamar a las primeras audiencias testificales.
La fiscala del Ministerio Público se refería a la investigación efectuada por un fiscal de sumarios de la Dirección de Asuntos Internos de la Policía Nacional, quien una semana antes entregó su dictamen conclusivo en el que confirmó una millonaria tragada, pidió sanciones para algunos policías y recomendó que el caso fuera comunicado a la Justicia ordinaria, por la gravedad de la situación.
El fiscal policial, de hecho, solo confirmó lo que otro investigador de Asuntos Internos ya había advertido cuatro meses antes, específicamente el 19 de abril de 2021, cuando elevó su informe de la primera pesquisa que se abrió sobre el caso.
En esa primera investigación, el oficial investigador dejó al descubierto un esquema corrupto que simulaba cargas de combustibles a vehículos de la Policía para efectivizar el dinero contenido en las tarjetas magnéticas asignadas a los móviles.
Según la investigación interna inicial, esta práctica perversa se ejecutó durante casi todo el año 2020, cuando el comandante era Francisco Resquín Chamorro.
Considerando el promedio de desvíos de fondos de las 150 tarjetas investigadas, se estima un perjuicio que podría llegar incluso a unos G. 30.000 millones.
Sin embargo, el monto exacto del desfalco se podría conocer solo con una pericia contable, ya que el primer investigador de Asuntos Internos acusó de mala fe a sus colegas de la división Combustible, por suministrar datos incompletos e inexactos con intenciones de entorpecer la pesquisa.
Esta división opera a cargo de César Hermosilla, aunque él responde directamente al director general de Administración y Finanzas, Jorge Medina, y este último al comandante Luis Arias.
Llamativo retraso
Pese a que la recomendación de hacer una denuncia penal ya fue hecha el 19 de abril pasado por el primer investigador del caso, el titular de la Dirección de Asuntos Internos, Francisco Andino, avisó al Ministerio Público recién el 24 de agosto último, cuando ya estaba en marcha una serie de publicaciones de ABC Color sobre el escandaloso robo.
Pocos días antes de que se divulgara la investigación, Andino dijo a ABC que haría la denuncia penal solo si el caso lo ameritaba.
Paradójicamente, la segunda investigación de Asuntos Internos volvió a sugerir a Andino que diera participación a la Justicia ordinaria y este aparentemente ya no tuvo más opción que comunicar el caso al Ministerio Público.
Paralelamente a la investigación del Ministerio Público, el expediente también es analizado actualmente por un juez de la Dirección General de Justicia Policial, que tiene 20 días hábiles para expedirse y aplicar las sanciones que pidió el fiscal de Asuntos Internos.
Cómo se descubrió
El colosal “fato” en la Policía fue pillado casi por casualidad en octubre del año pasado, cuando el ciudadano César Luna Baum pidió saber a través del portal de acceso a la información pública la cantidad de vehículos que tiene la Policía Nacional y el combustible asignado a los móviles.
Fue en su carácter de presidente de una organización civil denominada Consejo de Seguridad y Participación Ciudadana.
En una entrevista en radio ABC Cardinal 730 AM, Luna reconoció que lo que principalmente quería saber es la cantidad de motocicletas que figuraban en la comisaría de la ciudad de San Antonio, donde cuando eso había un solo biciclo.
Sin embargo, la propia Policía le envió al solicitante una planilla con los datos en bruto de los vehículos y las supuestas cargas de combustible que se hicieron durante el año pasado.
Con una simple revisión, el civil se dio cuenta por ejemplo de que algunas motocicletas con capacidad de 15 litros recibían supuestamente más de 200 litros de nafta, en algunos casos.
César Luna, posteriormente, reenvió esa misma planilla, pero ya como parte de una denuncia que al final ahora ya tomó también la Fiscalía, ante el evidente desvío de fondos.