Fuentes de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) confirmaron a ABC Color que en el mes de agosto hubo un incremento salarial para un grupo de funcionarios de la institución.
El aumento habría llegado a sindicalistas y operadores políticos cercanos al exsenador Óscar González Daher, quien fue condenado a siete años de cárcel por declaración falsa y enriquecimiento ilícito.
Según trascendió muchos de los beneficiados con el incremento recibieron entre G. 800.000 hasta G. 1.000.000, lo que ya fue desembolsado en el último salario percibido. Además, se dio un reclamo debido a que muchos de estos no tienen funciones específicas dentro de la institución, pero son conocidos por operar en favor de políticos.
La planilla con los datos de los funcionarios que recibieron dichos aumentos será socializada en breve, según comentaron.
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Llama la atención que los beneficios salariales otorgados a estos empleados de la Dinac se dan a días de los comicios para elegir a los nuevos jefes comunales, a realizarse el próximo 10 de octubre.
Otros operadores beneficiados por OGD
En este grupo de operadores políticos que recibieron el aumento salarial están quienes son conocidos por ser cercanos y trabajar para Óscar González Daher. Esta sería una nueva muestra de que el exlegislador hace uso de sus influencias para “beneficiar” a sus simpatizantes en la Función Pública.
Cabe recordar que es lunes salió a la luz el caso de María Laura Miers Espínola, quien es funcionaria del Congreso Nacional, pero cumplía horario en la casa del exsenador, según denunciaron.
Tras las denuncias recibidas por nuestro medio, se hizo un seguimiento y se corroboró que efectivamente, la funcionaria hacía oficina en la residencia del exlegislador cuando debía estar trabajando en el Congreso.
Los responsables del Parlamento intentaron justificar la ausencia de Miers en su lugar de trabajo. Dieron distintas versiones entre ellas, la de tener “problemas de salud” y, posteriormente, que realizaba “teletrabajo”, a pesar de que las cuadrillas en instituciones públicas y privadas ya fueron eliminadas en el decreto presidencial del pasado 9 de agosto.
Posteriormente, se anunció la apertura de un sumario administrativo para investigar la situación real de la funcionaria y el porqué de su ausencia en el Congreso.