La expresidenta de Petróleos Paraguayos (Petropar) Patricia Samudio y su esposo José Costa Perdomo presentaron un recurso de reposición con apelación subsidiaria contra la decisión del juez de garantías Julián López, quien rechazó el pedido de la defensa para que los acusados participen de la diligencia por medios telemáticos.
Ante la chicana planteada por Samudio y su esposo se suspende la audiencia preliminar del caso, que fue convocada por López para hoy, en la que debía resolverse si la causa se eleva a juicio oral y público como solicitó el Ministerio Público en su requerimiento conclusivo.
Además de Samudio y Costa Perdomo, los fiscales Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz y Silvio Corbeta presentaron también acusación en contra de los funcionarios de la petrolera estatal Félix Marcelo Chávez, Roberto Cabrera Narváez, Miguel Darío Cáceres y Freddy Agustín Careaga.
Estos cuatro acusados no han presentado chicana alguna, pero a pedido del Ministerio Público el Juzgado de Garantías resolvió suspender también para audiencia para los mismos, a fin de no dividir la presente causa penal.
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La acusación de los agentes de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción sostiene que los acusados “se aprovecharon de una situación de emergencia sanitaria ocasionada por la pandemia del COVID-19 para convocar una licitación para adquirir supuestamente insumos sanitarios y desviar fondos de la institución pública”.
Según la fiscalía, bajo la administración de Patricia Samudio, Petropar adquirió por la vía de la excepción, de la firma proveedora “Solumedic SA”, 3.000 tapabocas N95, 5.000 botellas de agua tónica y otros insumos, por un total de G. 359.700.000. Esta suma fue transferida a una cuenta de “Racole SA”, para el pago parcial de una deuda de Costa.
Fiscalía insiste en juicio oral
Ante la posible estrategia de la defensa de Samudio de pedir la extinción de la causa y, por ende, el sobreseimiento definitivo de los procesados, alegando que los G. 359.700.000 (monto del perjuicio que sufrió el Estado) ya fueron devueltos en su totalidad por la empresa Solumedic S.A, la fiscala Liliana Alcaraz aclaró que la devolución del dinero fue posterior al delito que cometieron los acusados.
“Que el dinero se haya devuelto es un hecho que debe ser evaluado solo y únicamente al momento de la medición de la pena. Si la intención de la defensa es que la causa penal se extinga porque se devolvió el dinero, debe contar con el acuerdo de la Fiscalía, y nosotros no vamos a dar nuestro consentimiento para que eso ocurra”, puntualizó a ABC la agente fiscal.
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Alcaraz remarcó que para el Ministerio Público la causa se debe discutir en un juicio oral, aunque los directivos de la empresa Solumedic SA Liz Adolfina Chamorro Ferreira y Víctor Ramón Cabañas Fernández hayan devuelto al Estado los G. 359.700.000.
La audiencia preliminar, que en principio fue fijada para el pasado 29 de julio, se había reprogramado para hoy porque el abogado Alfredo Enrique Kronawetter, defensor de Samudio y su esposo, pidió que estén presentes en la diligencia los representantes de la Procuraduría General de la República y Petropar.
Hasta tanto no se resuelva el recurso planteado por la defensa, el juez de garantías Julián López no podrá fijar nueva fecha para la audiencia preliminar, a fin de resolver la solicitud de los fiscales de UDEA de elevar la causa a juicio oral y público.