El juicio oral a la abogada María Esther Roa, activista de la organización “Somos Anticorrupción Paraguay” y la Coordinadora de Abogados del Paraguay, se aplazó para mañana debido a que la jueza Sandra Faría, integrante del Tribunal de Sentencia que juzga la causa por presunta violación de la cuarentena sanitaria, debe recibir hoy la segunda dosis del biológico contra el coronavirus.
Además de la magistrada integran el tribunal los jueces Carlos Hermosilla (presidente) y Héctor Fabián Escobar; y el Ministerio Público está representado por los fiscales Ángel Ramírez y Juan Carlos Ruiz Díaz.
La activista social asegura que en el juicio oral demostrará la parcialidad de la Fiscalía (a cargo de Sandra Quiñónez) y la ilegalidad del proceso ya que, según puntualizó, un decreto de la Presidencia de la República no tiene alcance jurídico.
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Agregó que el proceso que soporta es “una persecución” por parte del Ministerio Público ya que hubo 13.600 imputados por presunta violación de la cuarentena durante la pandemia y solo algunos están siendo acusados. “Esto, para mí, es una persecución”, expresó Roa, quien recordó que durante la cuarentena estricta por la pandemia del covid-19 hasta el presidente de la República Mario Abdo violó las mismas disposiciones sanitarias que impuso.
“El derecho a la protesta no puede ser censurado por un decreto presidencial. El tipo penal de la violación de la cuarentena no existe por el principio de legalidad, por lo tanto son arbitrarias las imputaciones y el Poder Judicial (las) permitió”, enfatizó la procesada.
Los antecedentes de este caso se remontan al 3 de junio de 2020, cuando un grupo de personas se manifestó en la Avda. Costanera en la denominada “Caravana contra la corrupción y la impunidad 2020”. Estos manifestantes violaron las medidas sanitarias –según la imputación– al trasladar la protesta frente al Panteón de los Héroes, de la que participaron unas 100 personas.
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En esta causa el Ministerio Público también presentó acusación contra los activistas Cándido Alberto Brizuela (54), Diego Augusto Mendoza Coronel (30) y Juan Domingo Galeano Grassi (32), pero a diferencia de Roa estos plantearon varios incidentes en instancias superiores que siguen pendientes de resolución.