En conversación con ABC Color, el magistrado aseveró que el artículo 45 del Código Penal y el Código de Organización Judicial refieren que el actuario interviniente es el responsable del extravío de las evidencias de una causa penal. En este caso, sería la funcionaria Luz Portillo, quien –según reveló el juez- tenía en su poder la llave del depósito.
No obstante, Otazú reconoció que su deber es dar la cara por el hecho, atendiendo a que el caso se lleva a cabo en su juzgado.
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Igualmente, el juez penal de Garantías especializado en delitos económicos aseguró que los documentos extraviados estaban bajo resguardo pertinente. De ese modo, descartó que haya actuado de forma negligente, lo cual habría permitido la desaparición de alrededor de 380 cheques.
“Se tomaron los recaudos para la recepción y mantenimiento”, declaró y a la vez mencionó que no hubo ningún inconveniente con las evidencias del ex senador condenado Óscar González Daher, hermano de RGD, cuya causa también se llevó a cabo en su juzgado.
Acotó que hay una lista de 9 funcionarios judiciales –de la cual forma parte- que están en la mira por el extravío.
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Complicidad entre funcionarios y sector privado
Así también, Otazú afirmó que presume que funcionarios del Poder Judicial están involucrados en el extravío y agregó que habría complicidad del sector privado. No obstante, descartó que haya una persona identificada como responsable de la desaparición de los documentos. “Si existe una persona que sepa realmente algunos detalles, sería importantísimo que dé a conocer eso”, sostuvo.
El magistrado también indicó que la investigación del hecho está siendo llevada a cabo por la Dirección General de Auditoría de Gestión Jurisdiccional, dependiente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), y que aguardan los resultados para proceder a plantear a una sanción para los responsables.
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Ayer, el juez Otazú confirmó la desaparición de los cheques de sede judicial, que forman parte de las evidencias en el marco de la causa del ex dirigente deportivo Ramón González Daher y su hijo Fernando González Karjallo, quienes fueron acusados por el Ministerio Público por usura y lavado de dinero.