En el marco de la pandemia, el Ejecutivo transfirió G. 6.382 millones a la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González (ANR, cartista), quien repartió todo el dinero inmediatamente a dos entidades “sin fines de lucro”.
A la ONG Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidida por Tadeo Álvarez Cristaldo, le giró G. 5.105 millones para la construcción de obras de infraestructura.
Los restantes G. 1.276 millones los desvió al Consejo Regional de Salud, presidida por Hugo Cabrera, para el apoyo a hospitales del departamento.
En la rendición de cuentas de CIAP y del Consejo Regional de Salud presentadas a la Contraloría General de la República (CGR) aparecen facturas de dudosa procedencia.
Algunas son clonadas, otras son de empresas que no existen en las direcciones declaradas, otras son a crédito sin recibos de dinero e incluso varias compras fueron hechas de comercios que no guardan relación con los conceptos adquiridos, entre otras falencias.
Elementos para imputación
ABC accedió a innumerables pruebas que demostraron la clonación de facturas, ya que los propietarios de las empresas así lo confirmaron. Es más, realizaron denuncias ante el Ministerio Público, la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) y la Policía Nacional.
Los primeros casos fueron denunciados públicamente por los concejales departamentales Adrián Billy Vaesken y Roque Ávalos, ambos del PLRA.
En su intento de deslindar responsabilidad, el gobernador Hugo Javier dijo que iniciarían una auditoría interna para buscar culpables.
Además, manifestó que todo se trataba meramente de una “persecución política” por parte de los ediles.
Sin embargo, luego de la denuncia penal ya no apareció. A casi dos meses de esta, la Secretaría Nacional de Anticorrupción (Senac) y la SET denunciaron la rendición de cuentas de la Gobernación de Central el pasado 8 de julio, sobre los supuestos hechos punibles de lesión de confianza, declaración falsa, producción de documentos no auténticos, manipulación de traficaciones técnicas y frustración de la persecución y ejecución penal.
En la ocasión confirmaron las versiones periodísticas sobre clonación de facturas, empresas fantasmas y otros. Es más, probaron que Hugo Javier cambió su rendición de cuentas presentada ante la Senac, la SET y Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE), en comparación a la existente en la CGR. Fueron remplazadas varias facturas.
Primeramente rindieron cuenta por un poco más de G. 6.382 millones, pero luego existió una diferencia de más de G. 1.600 millones.
El informe preliminar de la Senac y AGPE constataron “severas inconsistencias” en torno al despilfarro de US$ 1.000.000, transferidos a CIAP y al Consejo Regional de Salud.
Sin embargo, hasta la fecha no hubo grandes avances en la investigación a cargo del fiscal Rodrigo Estigarribia, titular de la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción, excepto, tardíos allanamientos en dos estudios contables, la sede de la ONG CIAP y de la Gobernación.
Fiscales apenas verificarán las obras
El fiscal Francisco Cabrera aclaró ayer que es “solamente coadyuvante en la causa” y que el fiscal titular es Rodrigo Estigarribia, quien no contesta nuestras reiteradas llamadas a su teléfono celular. Indicó que Estigarribia es quien “marca la línea de la investigación”. Los agentes designados para investigar este caso son Rodrigo Estigarribia, Francisco Cabrera y Luis Said.
Al ser consultado por qué recién comenzarán la inspección de dichas obras, Cabrera respondió que no tienen la cantidad de personal suficiente para el efecto y que por tal motivo pidieron colaboración a funcionarios de Planificación y Obras para terminar “en el menor tiempo posible”.