Este martes fue detenido en Ciudad del Este el ciudadano brasileño de origen libanés Kassem Hijazi, acusado de lavar dinero proveniente del narcotráfico y requerido por las autoridades de los Estados Unidos.
Tras la detención de Kassem Hijazi, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció la aplicación de sanciones al detenido y a dos ciudadanos paraguayos a los que señala como socios del brasileño en sus actividades ilegales: Khalil Ahmad Hijazi y Liz Paola Doldán.
“El Departamento del Tesoro continuará utilizando su autoridad para prevenir que actores ilegales y sus compañías de fachada abusen del sistema financiero internacional, perjudicando a las personas de todo el mundo que juegan según las reglas”, indica un comunicado del Gobierno estadounidense.
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Las sanciones contemplan que todas las propiedades a nombre de sancionados en los Estados Unidos o en posesión y control de ciudadanos estadounidenses quedan congeladas, al igual que cualquier empresa del que los tres sancionados sean propietarios directos o indirectos, entre otras prohibiciones.
CIENTOS DE MILLONES DE DÓLARES
El Departamento del Tesoro señala que Kassem Hijazi operaba como “despachante” - personas que trabajan en la zona de la Triple Frontera con conexiones que les permiten acelerar trámites burocráticos para la importación o exportación de bienes y que han sido vinculadas a ilícitos como sobornos, falsificación de facturas, evasión de impuestos y contrabando – al menos desde 2017, controlando una “organización de lavado de dinero” que opera “a una escala global con la capacidad de lavar cientos de millones de dólares”.
“Kassem mantiene fuertes vínculos con políticos, policías, fiscales y varios cambistas de dinero paraguayos (…)”, indica el Departamento del Tesoro.
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El informe señala a Khalil Ahmad Hijazi como asociado de Kassem en sus delitos en su carácter de presidente de la empresa importadora España Informática S.A., que permite al brasileño importar mercancía desde los Estados Unidos a Paraguay y mover las ganancias de las ventas de esa mercancía a través de casas de cambio y bancos en Ciudad del Este hacia destinos como EE.UU., China y Hong Kong.
“La red de compañías de fachada y vínculos comerciales de Kassem le permiten mover ganacias ilícitas por todo el mundo con facilidad, con una red que se extiende hasta los Estados Unidos, Sudamérica, Europa, Oriente Medio y China”, agrega el informe.
El reporte indica que a través de España Informática Kassem coordina la importación de equipos electrónicos a Paraguay utilizando varios métodos y valiéndose de despachantes para evadir impuestos y lavar dinero.
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“Kassem coordinó con una compañía con base en Florida (EE.UU.) el envío de bienes, cuyas facturas alteró y presentó a un banco paraguayo para una transferencia de dinero de vuelta a la compañía de Florida”, expone el informe. “La factura alterada redujo enormemente el valor declarado de los bienes enviados para evadir impuestos” por cargamentos cuyo valor total el Departamento del Tesoro estima en varios cientos de millones de dólares.
LIZ PAOLA DOLDÁN
El Departamento del Tesoro estadounidense señala a la paraguaya Liz Paola Doldán como una de las socias de Kassem en la Triple Frontera, identificándola como “una intermediaria que trabaja con envíos desde los Estados Unidos” pagando sobornos a trabajadores de Aduanas y despachantes para el procesamiento de sus importaciones.
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En 2019, Doldán fue imputada por el Ministerio Público paraguayo por un notorio caso de contrabando a gran escala de teléfonos celulares a través de su firma Mobile Zone, generando ganancias ilícitas de alrededor de $675 millones importando teléfonos de alta gama pero identificándolos ante la Aduana paraguaya como productos más baratos para pagar impuestos más bajos por su importación.
En diciembre de 2020 los fiscales de la Unidad Contra Delitos Económicos y Anticorrupción Liliana Alcaraz y Francisco Cabrera solicitaron la suspensión condicional del procedimiento para Doldán.
Sin embargo, el juez de garantías José Agustín Delmás dio trámite de oposición al pedido de los agentes de UDEA y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique o rectifique la solicitud de suspensión condicional.
Ante la postura del juez especializado en Delitos Económicos la fiscal adjunta de UDEA Soledad Machuca, en vez de presentar acusación o ratificar el pedido de suspensión condicional del procedimiento, solicitó el sobreseimiento provisional de Doldán y al juez Delmás no le quedó otra que hacer lugar a dicho planteamiento.