La agente fiscal de la Unidad contra Delitos Económicos y Anticorrupción Victoria Acuña pidió suspender la audiencia preliminar del extitular de la Essap Osmar Ludovico Sarubbi y otros 34 procesados, alegando que la diligencia le coincidía con el inicio del juicio oral en otra causa por lesión de confianza. La jueza Cynthia Lovera hizo lugar a la solicitud y postergó la preliminar para el próximo 4 octubre.
El juicio oral que fundamentó Acuña para solicitar la suspensión de la preliminar es al exgerente de la Caja de Jubilados Bancarios César Rodrigo Amarilla, procesado por lesión de confianza, por el supuesto desvío de dinero a través de la concesión de préstamos irregulares por unos G. 14.000 millones. La convocatoria para el juzgamiento fue hecha el 21 de junio pasado, es decir, hace dos meses; sin embargo, la agente del Ministerio Público advirtió de esta situación recién en la fecha.
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“Esto es un perjuicio para nosotros los procesados, porque hemos sido convocados en más de seis ocasiones para la audiencia preliminar y hoy vuelven a suspender a pedido de la fiscala Acuña. Resulta difícil continuar con esta situación, es injusto que tengamos que estar peregrinando para que se resuelva este tema”, expresó Sarubbi tras confirmarse la suspensión de la diligencia.
El extitular de la Essap indicó que en setiembre se cumplen 4 años del inicio del presente proceso, lo que ayudaría a las defensas a plantear la prescripción de la causa, teniendo en cuenta que ley N° 2.341/03 establece que el plazo máximo de duración de un procedimiento penal es de 4 años.
Perjuicio patrimonial ronda los G. 17.600 millones
La investigación fiscal comenzó a raíz de una supuesta tragada de G. 17.590.301.286 que había detectado una auditoría del Poder Ejecutivo durante la gestión de Sarubbi, entre 2015 y 2016. El hecho se habría perpetrado a través de órdenes de pago y cheques para la adquisición de productos y servicios, en carácter de anticipos de fondos a rendir, cuyos montos superaban el límite y además carecían de contraprestación.
Acuña había imputado a Sarubbi y otros 34 funcionarios de la Essap, ante la existencia de indicios suficientes de la implicancia de los mismos en el millonario perjuicio. Sin embargo, al momento de presentar su requerimiento conclusivo, la agente decidió no acusar y solicitó el sobreseimiento definitivo para lo cual alegó que no tiene más diligencias que hacer para colectar elementos de prueba.
“Considerando la imposibilidad de que se pueda colectar más elementos de convicción para fundamentar el elemento objetivo de resultado, por lo que no se podrá pasar a la siguiente etapa procesal de apertura a juicio, corresponde la desvinculación definitiva de los imputados en la presente causa”, expresó Acuña en parte de su breve argumento.
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De acuerdo al informe de la Auditoría Especial del Poder Ejecutivo, se detectó que en el año 2015 la Essap realizó compras por G. 16.928 millones, sin cumplir la Reglamentación de Fondos a Rendir.
En diciembre de 2019, el juez de Garantías Raúl Florentín dio trámite de oposición al pedido de sobreseimiento definitivo y remitió el expediente a la Fiscalía General del Estado para que ratifique o rectifique el planteamiento de la agente fiscal del caso. La resolución fue apelada por la defensa, la Cámara de Apelaciones anuló la decisión y remitió el expediente al Juzgado a cargo de la jueza Cynthia Lovera.
Sin embargo, la magistrada también dio trámite de oposición al sobreseimiento definitivo y la fiscala adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca resolvió rectificar el planteamiento hecho por su colega Victoria Acuña y pidió el sobreseimiento provisional para Sarubbi y los demás procesados por lesión de confianza.