El ministro Manuel de Jesús Ramírez Candia requiere la apertura de la investigación preliminar a todos los magistrados que posibilitaron la impunidad al entonces juez penal de garantías de la ciudad de Caaguazú, Benito Javier Guerrero Mendoza, por la inacción de los jueces que deberían haberlo juzgado. La referida investigación preliminar determinará las respectivas responsabilidades de los magistrados.
“El proceso penal referido se inició cuando los agentes fiscales allanan el despacho del magistrado judicial Benito Guerrero en el momento en que éste se encontraba revisando la cantidad de dinero producto de la venta de una resolución judicial que fuera entregado a sus funcionarios por una de las partes, previa copia autenticada de los billetes en el marco de la investigación penal”, refiere el pedido del ministro Ramírez Candia elevado al Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM).
Agrega: “El proceso tuvo varias dilaciones indebidas que fueron permitidas por los jueces de la causa y finalmente, concluyó con la extinción de la causa penal decretada en primera instancia y confirmada en grado de apelación”.
“La actuación delictiva del juez Benito Guerrero fue una afrenta a la imagen del Poder Judicial de la Circunscripción Judicial de Caaguazú y la afectación de los magistrados a cargo del proceso penal seguido al juez Benito Guerrero al resolver la prescripción de la causa genera la sospecha razonable de irregularidad funcional al consagrar la impunidad de un caso flagrante de corrupción judicial”, dice en otra parte la nota del ministro y miembro del Jurado.
Finalmente sostiene: “Por consiguiente, con la finalidad de que el Jurado ejerza su función de control sobre la actividad funcional de los magistrados judiciales de la impunidad de la corrupción pública, se solicita se traiga a la vista el expediente referido y se proceda al inicio de la investigación preliminar”.
<b>El caso</b>
El 17 de junio de 2008, Benito Javier Guerrero Mendoza, fue detenido en su propio despacho al ser descubierto cobrando la suma de 5 millones de guaraníes, como supuesta coima para favorecer a una de las partes de un proceso penal. El procedimiento estuvo a cargo del entonces fiscal Anticorrupción Arnaldo Giuzzio.