En conversación con ABC Cardinal, el procurador refirió que existen plazos para realizar acciones en el plano judicial. En ese sentido, manifestó que –a su criterio- el proceso del caso de Leguizamón “feneció”, por lo que ya habría una prescripción.
No obstante, Caballero prometió que realizarán las evaluaciones correspondientes referentes a la prescripción del caso para determinar si es factible y disponer las responsabilidades en el Estado paraguayo. “Tenemos que evaluar caso por casos, para ver si es factible, porque el tema de la prescripción es importante”, sostuvo.
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Ayer, el presidente Mario Abdo Benítez anunció que el Estado paraguayo decidió allanarse en el litigio contra la familia del comunicador ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH). Al respecto, Caballero destacó la decisión que tomó el Ejecutivo, considerando que refiere que el Paraguay reconoce su “error” que llevó a la impunidad en el marco de la muerte del comunicador.
Además, afirmó que esta decisión puede servir como experiencia para el tratamiento de casos similares, ya que refiere un cambio en el “paradigma”. También destacó el acuerdo al que se logró llegar con la familia de Leguizamón. “Paraguay reconoce una acción mala y está dispuesto a enmendar ese error”, mencionó.
Por otra parte, el procurador señaló que desconoce el monto a abonar en concepto de compensación económica que percibirá la familia. Afirmó que la cifra se determinará de acuerdo a lo dictado por la Corte-IDH y las partes litigantes.
Ante esa situación, descartó que el allanamiento en el caso sea parte de una estrategia para evitar ir a juicio. “El Estado no hizo los esfuerzos suficientes para determinar los responsables y es por eso que el Estado se allana”, remarcó.
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¿Qué implica el acuerdo con la familia Leguizamón?
Según indicó, el acuerdo al que alcanzaron con la familia Leguizamón implica una serie de cuestiones de índole social, judicial y económica.
Comentó que los cercanos al comunicador solicitan el pago en concepto de compensación, un monumento en honor a Leguizamón, medidas para proteger al periodismo y al libre ejercicio de la prensa, entre otras exigencias. Afirmó, en ese sentido, que estos pedidos son “justos”.
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El comunicador había fallecido el pasado 26 de abril de 1991, en Pedro Juan Caballero, a causa de un atentado perpetrado por sicarios que sufrió a causa de publicaciones periodísticas contra narcotraficantes.
Ante el “desinterés” del Estado paraguayo, su familia inició un proceso que llevó el caso a la Corte-IDH.