Jubilados rechazan plan de Hacienda

Los jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones del Ministerio de Hacienda o Caja Fiscal marcharon este jueves hasta el Congreso, para manifestar su rechazo al proyecto de ley que la cartera fiscal pretende impulsar para que los exfuncionarios vuelvan a aportar.

Los jubilados se concentraron en la plaza de Armas para manifestar su rechazo al proyecto que pretende impulsar el Ministerio de Hacienda.Diego Peralbo
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Los jubilados docentes del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), así como los retirados de la Policía Nacional y de la Fuerzas Armadas, entre otros sectores, se manifestaron esta mañana en contra del proyecto del Ministerio de Hacienda.

La cartera, que viene alertando sobre la situación deficitaria e insistiendo en la necesidad de una reforma para hacer sostenible el sistema jubilatorio público, propone que los jubilados que se hayan retirado antes de los 62 años, sigan aportando el 16% como lo hacen los funcionarios activos.

Además, el plan incluye suspender la equiparación que tienen los militares y policías retirados con los uniformados en actividad, a fin de que la actualización se haga en base a la inflación como se realiza con los demás sectores que componen la Caja Fiscal.

No a reducción de haberes

María Lourdes Aguilar, de la “Asociación de Docentes Jubilados Sin Límites del Paraguay”, señaló a ABC que no están de acuerdo con la propuesta de Hacienda de seguir aportando 16%, teniendo en cuenta que la mayoría ya lo hicieron por 30 años y más.

Dejó en claro que no permitirán que se les reduzca los haberes jubilatorios que están percibiendo, por lo que la movilización continuará para evitar que prospere en el Parlamento algún proyecto en ese sentido.

Explicó que esta semana los representantes de los jubilados hablaron con el ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, sobre el tema y que éste les indicó que presenten una propuesta de solución.

En la manifestación los jubilados señalaban, entre otros, que el salario de los jubilados no se debe tocar, que es un derecho constitucional y exigen a las autoridades de la Caja de Jubilaciones el estricto cumplimiento del pago.

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