“Hemos tomado la decisión de que el Estado paraguayo se allane a la demanda”, anunció Abdo Benítez a través de Twitter, con lo que el Estado deberá asumir las consecuencias de la demanda.
El crimen ocurrido en 1991 fue un hito nefasto en la historia democrática en nuestro país y uno de principales casos de ataque contra la libertad de prensa. La demanda fue iniciada por la familia del periodista asesinado a tiros por realizar denuncias contras capos mafiosos de la frontera en Pedro Juan Caballero.
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El argumento principal de la demanda era que el Estado realmente no se interesó en atrapar a los autores intelectuales del asesinato.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instancia previa a la CorteIDH, ya había reconocido la responsabilidad del Estado por omisión en la protección del derecho a libre expresión.
Igualmente determinó que la investigación del asesinato no se realizó cumpliendo los mínimos estándares para tratar de dar con los verdaderos responsables.