La apelación contra la sentencia absolutoria de primera instancia que favoreció a Haitter fue presentada el 5 de agosto de 2020 por el fiscal Vicente Rodríguez, responsable de defender la acusación del Ministerio Público contra el cuestionado exintendente. El proceso duró más de seis años.
El exjefe comunal, que gobernó por dos periodos el municipio de Salto del Guairá, fue acusado de un supuesto daño patrimonial de aproximadamente G. 1300 millones durante su primer periodo (2006-2010), sobre la base de una auditoría realizada a su gestión por la Contraloría General de la República.
Consultado sobre la demora excesiva del Tribunal de Apelaciones, el titular de este, el camarista Gustavo Brítez, señaló que se trata de una mora judicial indeseada, aduciendo que en Canindeyú solo existe un tribunal multifuero que atiende a una veintena de juzgados de todo el departamento.
“Por eso que los casos penales cuando viene a segunda instancia demoran entre cinco a seis meses, y en casos complejos como este un tiempo más”, justificó.
Aseguró, no obstante, que el análisis del caso Haitter ya está en su etapa conclusiva y que en los próximos días se tendrá la resolución del caso.
El Ministerio Público solicitó la anulación de la absolución con el argumento de que las pruebas no fueron adecuadamente valoradas por el tribunal que juzgó el caso, integrado por los jueces Sofía Elizabeth Jiménez Rolón, Bonifacio Rojas Zeballos y Hugo Gilberto Medina Vázquez. Este último votó en disidencia.
Rodríguez señala con contundencia que el Tribunal de Sentencia de primera instancia actuó con omisión, desidia y desinterés, y con ello rechazó buscar la vedad al suprimir la valoración de forma conjunta y armónica todas las pruebas producidas en el proceso de investigación por el Ministerio Público.
Fuera del ámbito formal del proceso, se habló de supuestas reuniones de las que participó la presidenta del Tribunal con allegados de Haitter, días previos a la sentencia.
Además de este juicio, el exjefe comunal tiene otra causa formada en el Ministerio Público en su contra, también por un presunto daño patrimonial por G. 30.371 millones, según la Contraloría.
Eso convierte a Carlos Cesar Haitter en el exintendente con el mayor monto de dinero presuntamente malversado en Paraguay. Esa irregularidad fue detectada por la Contraloría mediante un examen especial sobre la ejecución presupuestaria del año 2016.
Haitter, sin embargo, está en campaña por un tercer mandato.