“Las disposciones del presente Anexo serán revisadas después de transcurrido un plazo de cincuenta años a partir del ingreso en vigor del Tratado ...”, se lee en las primeras líneas del numeral en cuestión.
El 13 de agosto de 1973, en un acto que se llevó a cabo en Palacio de López, Asunción, ante la presencia del dictador Alfredo Stroessner, los cancilleres Raúl Sapena Pastor (Paraguay) y Mario Gibson Barboza, canjearon los instrumentos de ratificación del Tratado, que también ellos firmaron el 26 de abril de ese año, pero en Brasilia.
El año 1, por ende, se cumplió el 13 de agosto de 1974, hoy el número 48 y el 13 de agosto de 2023 caduca el plazo de referencia.
Si nos atenemos estricta y formalmente al numeral VI del Anexo C, el plazo que fenece en 2023 fue acordado para revisar los dispuesto en los seis numerales del Anexo C, pero si las Altas Partes Contratantes lo deciden, puede expandirse la revisión a otros artículos del tratado, atendiendo especialmente la tercera denotación del vocablo en el Diccionario de la Real Academia.
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Exigencias
El numeral VI del Anexo C impone tres condiciones para que la revisión de sus disposiciones tenga lugar, son las enumeramos a continuación: 1.- El grado de amortización de las deudas contraídas por la Itaipú para la construcción del aprovechamiento. 2.- La relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países.
Sobre la extensión del plazo no hay dudas. Acerca de la deuda sí, y con fuerza creciente, al menos en la opinión pública, luego de que la Contraloría General de la República (CGR) divulgara las conclusiones de su auditoría de la deuda de la entidad binacional. Entre las resalta que sus administradores de turno descargaron sobre la entidad binacional los costos de 12 años de vigencia de tarifas insuficientes, impuestos inclusive contra los mandatos del tratado.
La insuficiencia tarifaria obligó a Itaipú contraer nuevos compromisos, que no estaban previstos, inclusive con firmas brasileñas, como Eletrobrás, la que además es parte constitutiva de la binacional con la ANDE y aportante del capital inicial de la entidad.
El reclamo relacionado con el pasivo de la binacional, aún cuando no forme parte de las disposiciones del Anexo C, por la gravedad del caso, debe constituirse en tema ineludible en el momento de las tratativas binacionales.
El criterio de la proporcionalidad
El último punto, “la relación entre las potencias contratadas por las entidades de ambos países”, aparentemente no tiene importancia pero, si aún en 2023 queda un saldo deudor, su incorporación en numeral VI, inclusive como un requisito para la revisión cobra sentido. Ese saldo debería distribuirse proporcionalmente a la energía contratada. Hasta principios de este año, esa relación era abrumadoramente favorable a Electrobrás con el 91,7% de la producción acumulada y la ANDE con el restante 8,3%.
Si quedan solo 730 días para que caduque el plazo de 50 años, la pregunta lógica de la población apunta a la preparación del equipo que habrá de negociar los intereses paraguayos en ltaipú con Brasil. La percepción generalizada es que el actual gobierno aún no pudo fraguar una estrategia confiable. No obstante, de los documentos que subió la Cancillería en su página web hasta la fecha se infiere que el gobierno de turno solo pretende mejorar los “beneficios” que recibe el país de Itaipú (Royalties, Resarcimineto, y utilidad por capital aportado.
También pretende que se cubra el espacio que dejará la deuda y sus servicios en la canasta de costos de Itaipú, inclusive parcialmente, para esos ingresos adicionales permitan la financiación de obras que no tengan relación directa la generación de energía, por ejemplo infraestructura eléctrica en Paraguay y Brasil, entre otras sugerencias.