Sin ninguna fundamentación de por medio por parte de la proyectista, la diputada Blanca Vargas de Caballero (ANR, HC), la Cámara de Diputados aprobó ayer un pedido de informes a la Fiscalía General del Estado sobre un supuesto hecho punible de invasión de inmueble en Minga Guazú, distrito donde su esposo, Digno Caballero busca su reelección como intendente municipal.
En el pedido de informes aprobado por el pleno de la Cámara Baja, la diputada consulta a la Fiscalía si el órgano constitucional puede determinar o no la fecha de inicio de las investigaciones y la fecha del procedimiento realizado sobre un supuesto hecho punible de invasión de inmueble en el citado distrito.
“En caso afirmativo, sírvase remitir copias del cuaderno de investigación fiscal relacionados al punto en cuestión”, señala parte de los pedidos. Asimismo, si el Ministerio Público puede o no determinar si al momento de llevarse a cabo el procedimiento Fiscal- Policial, en el lugar de referencia se registraron o no aprehensión de personas, en caso afirmativo, remitir la nómina de los mismos.
También pide a la Fiscalía “si ha requerido o no información a la municipalidad de Minga Guazú, sobre la procedencia de los títulos de los supuestos propietarios, en caso afirmativo, remitir los antecedentes en cuestión”, señala parte de la serie de consultas realizadas por la diputada a la Fiscalía.
Por último consulta si la Fiscalía ha realizado algún tipo de mediación previa al procedimiento Fiscal-Policial con los supuestos invasores de la propiedad. Pide que en caso de que así lo sea informen de forma detallada. La diputada es conocida en la Cámara de Diputados por presentar e impulsar pedidos de expropiaciones en Alto Paraná, al igual que el diputado Néstor Ferrer (ANR, HC) en el departamento Central.
Inconstitucionalidad
El 20 de diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia hizo lugar a una acción de inconstitucionalidad que declara inaplicable el artículo 2 inciso c) de la Ley N 5453/15 “Que reglamenta el Art. 192 de la Constitución Nacional, del pedido de informes”, razón por la cual la Fiscalía se escuda para no responder los pedidos de informes aprobados por el Congreso Nacional.
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