El gremialista señaló que la última gran huelga y conflicto con los fleteros fue en el 2016, en plena cosecha, que causó mucho impacto en su momento para el sector y que los productores desde ese entonces actuaron de “facilitadores” entre los dueños de las cargas (los exportadores), los procesadores, los fleteros y las transportadoras que subcontratan a los camioneros.
Resaltó que siempre funcionó de esta manera la cadena y que incluso se llegó a establecer una tabla de precios en función a los puntos de origen y destino. Agregó que esto funcionó bien durante cinco años, pero que ahora se tienen nuevas variables que inciden en el escenario actual.
“Este año aparecen variables que inciden en el cambio de escenario y sobre todo el cambio de actitud de algunas personas. Uno es la bajante del río que afecta a la fluidez de las cargas. Antes tenían 100 cargas al día y ahora tienen menos porque las barcazas trasladan menos productos por la bajante del río. Eso incide en que no hay el apuro en cargar y presionan los precios para abajo. No está en los picos máximos de antes”, expresó.
Por otro lado, dijo que se tuvieron tres subas del gasoíl y que el precio del flete se ajustó después de los primeros dos incrementos. Sin embargo, tras la última variación del costo del diésel, los fleteros ya ni se acercaron a negociar como lo venían haciendo e insiste en que se apruebe una ley inconstitucional.
“Fueron encandilados buscando una ley, es un instrumento errado, los precios no se fijan por ley, porque los países que usaron ese tipo de herramientas solo aumentaron la inflación, genera desabastecimiento y mercado negro, eso no se merece la sociedad paraguaya. Esperamos negociar y llegar a un acuerdo”, expresó.
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Ponen en riesgo la cadena de suministro
La Cámara de Anunciantes del Paraguay (CAP) también se refirió sobre las movilizaciones y cierres de rutas realizadas por grupos y organizaciones que demandan la sanción de una ley que fije el costo operativo y precio del servicio del flete.
El gremio señaló que las movilizaciones tienen un impacto muy grave sobre las cadenas productivas, industriales y comerciales del país y que ponen en riesgo a toda la cadena de suministro de bienes de consumo. El gremio instó a las autoridades nacionales a hacer cumplir irrestrictamente las disposiciones constitucionales y las leyes vigentes que garantizan la libre circulación de personas y el transporte de bienes.
“Todo ciudadano tiene el derecho constitucionalmente garantizado a manifestarse pacíficamente y con fines lícitos, pero este derecho debe ser ejercido preservando, y sin afectar derechos de terceros, el orden público y el bien común”, resalta el comunicado de CAP.
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Respecto al proyecto de ley de flete, resaltó que rechazan esta intención de los camioneros, porque “afecta gravemente disposiciones constitucionales que garantizan la igualdad de oportunidades y la competencia en el mercado sin olvidar que se encuentran sobradamente demostradas las perniciosas consecuencias de la fijación artificial de precios”.