La firma OMNI SA, ligada a Jorge Alfonso Ramírez, estaría a punto de ser beneficiada con un contrato de casi G. 6.000 millones con la Dinac, a pesar de haber incumplido un millonario contrato anterior.
Ayer, voceros de la firma OMNI se comunicaron con la redacción de ABC Color para asegurar que la firma no había incumplido en la entrega de un radar para el aeropuerto de Concepción.
En diciembre de 2017, la Dinac contrató a la empresa OMNI SA para la adquisición de un nuevo radar primario y secundario, “Sistema 3D+SSR”, que debía ser instalado en Concepción, por valor de G. 49.997 millones, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP).
La adjudicación ocurrió durante la administración de Luis Aguirre, y se estableció un plazo de cumplimiento para la entrega de 180 días, que venció en junio de 2018, según el contrato, lo cual se incumplió. En ese entonces se hizo un pago de G. 475.462.380, en marzo del 2018, de acuerdo a los registros oficiales.
Pero luego, apenas llegó Édgar Melgarejo a presidir la Dinac, ya autorizó el pago de G. 18.828.310.234 en septiembre de 2018 y, llamativamente, firmó un convenio modificatorio con la firma adjudicada –en noviembre del mismo año–, que amplió el plazo de entrega de los radares para abril del 2019 “por motivos de fuerza mayor”, plazo que nuevamente se incumplió.
Recién en mayo del año pasado se realizó una visita para mostrar los equipos, aunque nunca se mostraron los documento de recepción. Aún así, los voceros, molestos por las repreguntas, afirmaron ayer que nunca hubo incumplimiento.
“Puede revisarse en la página web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas que no existe, en cerca de 20 años, de ninguna amonestación, sanción, incumplimiento o falta de entrega de los bienes que OMNI ha adjudicado. Es una afirmación falsa y sin sustento”, sostuvieron.
A punto de nuevo contrato
La Dinac pretende destinar unos G. 5.506 millones para la adquisición de escáner de rayos X.
El proceso figura con el ID de Licitación 390.503 en la web de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), donde se visualiza una serie de protestas que la Dinac ha decidido ignorar abiertamente.
El primer requisito es que los equipos ofertados deben contar con Certificación TSA (Administración de Seguridad en el Transporte) otorgado por instituciones de Estados Unidos.
Pero el punto más llamativo surge cuando se observa la altura de los rodillos solicitada por la Dinac. En concreto, según se puede leer en la web de la DNCP, se plantea que los rodillos no deben tener una altura menor a los 30 centímetros ni mayor a los 40 centímetros.
La excusa es la seguridad de los operarios. Pero la certificación TSA, otorgada por Estados Unidos, precisamente califica la seguridad, entre otros puntos.
Con esto, solo dos marcas de escáneres cumplían con el requisito mínimo. Ambos, llamativamente, tienen representación en nuestro país de la misma empresa: OMNI S.A, que nunca fue sancionada por la Dinac a pesar de la entrega tardía del anterior contrato y por lo cual vuelve a competir libremente.