Enrique García se presentó en el juzgado acompañado del abogado Álvaro Arias, mientras que el Ministerio Público está representado por el fiscal de Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA) Leonardi Guerrero.
Los antecedentes del caso
El caso data del año 2016, cuando García ocupaba el cargo de asesor jurídico de la Comuna capitalina. Ivesur ganó a la Municipalidad una demanda sobre indemnización por daños, por no exigir la inspección técnica vehicular a los vehículos que ingresaban a Asunción.
La condena estableció el pago de G. 8.000 millones en concepto de indemnización y de G. 10.000 millones por intereses generados durante el proceso.
Dicha sentencia nunca fue apelada por García. En el mes de noviembre de 2016, la directora de la Mesa de Entrada de Apelación y Tribunal de Cuentas, Marta Machuca, informó que solo se registró una acción promovida por el abogado de la firma Ivesur, Juan Ernesto Villamayor, por sus honorarios y dejó en claro que el municipio capitalino no presentó ninguna acción posterior a la condena.
Luego del escándalo, el excontralor de la República se vio involucrado en una supuesta producción de documento falso, ya que presentaron una apelación extemporánea, pero la firma al pie del escrito de apelación no correspondería a ningún funcionario judicial.
Según la acusación de Guerrero, García falsificó un escrito para hacer creer que presentó en tiempo y forma la apelación contra el fallo de la demanda arbitral, por el que se ordenó a la Comuna a pagar a la firma Ivesur SA G. 18.975.014.366.
Confesión y condena
Además de García, también estuvo procesado por el caso el funcionario municipal Rodolfo Duarte. García logró dilatar su proceso con chicanas, no así Duarte, quien el 30 de junio pasado fue condenado a dos años y tres meses de cárcel.
En el juicio oral se probó que el escrito de nulidad y los sellos fueron fraguados y que la apelación del fallo nunca fue presentada. Duarte confesó en el juicio oral que utilizó un escrito apócrifo para justificar la no presentación del recurso de nulidad contra el fallo que obligaba a la Comuna a pagar casi G. 19.000 millones por incumplimiento de contrato con la firma Ivesur SA.
El fallo fue dictado por los jueces María Fernanda García de Zúñiga (presidenta del tribunal), Juan Carlos Zárate Pastor y Héctor Capurro Radice.