Los abogados de la Municipalidad de Asunción, Jorge Ariel Cantero y Juan José Armoa Bobadilla bajo el patrocinio de Luis Darío Galeano y Verónica Franco, presentaron una acción de inconstitucionalidad y solicitaron una medida cautelar a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) contra la Resolución N° 34/2020 de Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) con la cual autorizó la “nueva modalidad” de explotación de tragamonedas del país para “regularizar” la situación de estas máquinas y para ello, contrató a la empresa iCrop SA, cuyo representante es Ariel Peña Flores.
Cantero comentó a ABC que ayer presentó la solicitud y espera que en la brevedad se dé lugar al pedido, basándose en la autonomía municipal, establecida en la Constitución Nacional, artículo 166. “Pedimos que se respete autonomía municipal y las leyes vigentes que prohíben la explotación de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar que la Conajzar pretende legalizar con una resolución interna”, afirmó.
El representante de la comuna destacó que un documento interno de una institución no puede estar por encima de las leyes vigentes ni atropellar las ordenanzas municipales, menos aún legalizar los juegos de azar en sitios prohibidos. “Queremos que no se legalicen (las tragamonedas) en sitios prohibidos. Somos conscientes que no podemos controlar a cabalidad pero de permitirse estimamos que será un caos y así, se vulnera más a los niños y adolescentes a que jueguen y caigan en la ludopatía”, expresó.
Por otra parte, señaló que en las últimas semanas se realizaron varios procedimientos de incautación de tragamonedas que se explotan en sitios diferentes a las salas exclusivas de juegos de azar. “Las máquinas fueron incautadas y la normativa establece su destrucción. Es lo que vamos a hacer”, precisó.
Además, el intendente de Asunción, Oscar Rodríguez, ya había declarado que la decisión de Conajzar es inaplicable, mediante la Resolución N° 293 de este año.
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La presentación de la solicitud coincide con la interpelación al presidente de Conajzar, José Antonio Ortíz Báez, en Senado. En la ocasión, los legisladores coincidieron de manera unánime en descalificar su gestión. Algunos legisladores lo calificaron de corrupto y mafioso, e incluso que su administración debería ser investigada por el Ministerio Público al ajustarse al delito tipificado como lesión de confianza, según dijeron.