Fiscalía insiste en que el exfiscal general Díaz Verón vaya a prisión

El fiscal Osmar Legal apeló la resolución del juez penal de garantías Julián Lopez, quien rechazó declarar rebelde, ordenar la captura, revocar las medidas sustitutivas de prisión (arresto domiciliario) y ordenar la prisión preventiva del exfiscal general Francisco Javier Díaz Verón, en la causa de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Las medidas las solicitó la fiscala Natalia Silva, y luego fue recusada por el exfiscal.

Fiscal Osmar Legal, de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA). Apeló y requiere la prisión para el exfiscal Diaz Verón.
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El fiscal Legal en su apelación ante la Cámara, argumentó que “en base a todas las circunstancias y en atención a que con la suspensión de la última audiencia (preliminar), se llegó a un total de 5 (cinco) oportunidades en que resultaron infructuosos los señalamientos de audiencias, todos las cuales fueron suspendidas a causa de los reiterados pedidos presentados por los abogados defensores de Francisco Javier Díaz Verón y María Selva Morinigo de Díaz”, indica el apelante.

Agrega la apelación: “Que es claro que, todos los planteamientos hechos por los abogados defensores tienen la finalidad de dilatar y obstruir el curso normal del presente proceso y tratar de evitar el desarrollo continuo de los actos propios de la etapa intermedia, constituyendo todos ellos señales claras de una total falta de voluntad de sometimiento a los mandatos de la Justicia, además de un abuso innecesario de los recursos legales instaurados hasta esta etapa”.

“En el caso que nos ocupa, se encuentra más que demostrado que se cumplen los presupuestos del Art. 82 del Código Procesal Penal (CPP), puesto que los acusados Francisco Javier Díaz Veron y María Selva Morinigo de Díaz, han utilizado todas las herramientas procesales de manera abusiva, pues ya en fecha 30 de junio de 2.021 tampoco comparecieron al señalamiento de audiencia preliminar, pese a que se encontraban presentes sus abogados defensores y la representante del Ministerio Público, oportunidad en la que no han presentado justificaciones hasta el día de la fecha, recurriendo nuevamente a otros recursos dilatorios a fin de evitar la realización de la audiencia prevista para el 21 de julio del corriente año”, indica el agente del Ministerio Público.

En igual sentido, “no han concurrido a la citación realizada para el día de la fecha 21 de julio de 2021, conforme surge de la nota de suspensión de la audiencia preliminar, sin justificar su inasistencia, por su parte el señor Francisco Javier Díaz Verón, pretende justificar su incomparecencia, agregando al expediente electrónico, un certificado médico que no reúne los presupuestos de forma (sin encontrarse visado por el Ministerio de Salud) y a 4 (cuatro) minutos antes de la realización. Que, todo lo expuesto por el Ministerio Público se encuentra igualmente reseñado en el informe de fecha 23 de julio de 2.021 elaborado por el actuario judicial”, dice en otra parte la apelación elevada a la Cámara.

El expediente será remitido este lunes al Tribunal de Apelación en lo penal, primera sala, para el estudio de la apelación presentada contra la resolución dictada el viernes último por el juez Julián López.

Recusaciones

El exfiscal general Diaz Verón recusó a la fiscala de su causa Natalia Silva, a quien acusó de tenerle animadversión, por el pedido que realizó al juzgado para modificar sus medidas sustitutivas y enviarlo a prisión, por haber suspendido por quinta ocasión, la audiencia preliminar.

De igual manera, Diaz Verón también recusó a la fiscala general del Estado Sandra Quiñónez, porque supuestamente perdió la objetividad que debe tener todo agente del Ministerio Público. Sostuvo presentó el caso de Diaz Verón como un símbolo de la lucha contra la corrupción.

Antecedentes

El 13 de agosto del 2019 el fiscal de Delitos Económicos y Anticorrupción, Osmar Legal, acusó por enriquecimiento ilícito a Francisco Javier Díaz Verón, y por lavado de dinero a su esposa María Selva Morínigo de Diaz. La acusación sostiene que la pericia contable reveló que la pareja no puede justificar que su patrimonio lo obtuvieron por medios lícitos, de nada menos que G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre el 2008 y 2017.

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