La intervención fue realizada en el marco de una denuncia radicada por el Ministerio del Ambiente, y estuvo encabezada por el fiscal de la unidad especializada en Delitos contra el ambiente del Ministerio Público de esta ciudad, Rubén Lial, agentes del Instituto Forestal Nacional (Infona) y la Policial Nacional.
En el sitio se pudo observar la presencia de unas 120 personas, autodenominadas campesinos sin tierra, quienes se encuentran ocupando un predio conocido como “Ex Shindoi”, que actualmente es propiedad del Banco Nacional de Fomento (BNF), y parte de la propiedad de la agroganadera San Felipe, propiedad de Antonio Ibarra Llano.
La comitiva constató la tala de especies nativas por parte de los ocupantes irregulares, y una zona mecanizada ubicada en el interior del predio que pertenece a “San Felipe”. El área afectada es de unas 30 hectáreas, refirió el técnico, aunque aclaró que harán una observación más específica en base a imágenes satelitales en gabinete.
Requerido el propietario si contaba con la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), para el cambio de uso de suelo, exigido por la Ley 294/93, de Evaluación de Impacto Ambiental, éste dijo no contar con la documentación. Esto configura una violación a la Ley 352 de Áreas Silvestres Protegidas, por lo que es pasible de sanción administrativa, refirió Sosa.
El fiscal interviniente, Rubén Lial, sostuvo que está librando oficios de pedidos de informe y luego de obtener las respuestas tomará las determinaciones del caso.
Lentitud de actuación
Es llamativa la lentitud de acción del Ministerio Público ante la situación, pues ya en el mes de abril pasado tomó estado público una denuncia de invasión de un inmueble en la zona, y tala de árboles nativos por los llamados campesinos sin tierra.
El 31 de abril, ante denuncias de una posible invasión y delito ambiental, una comitiva policial constató en el lugar denominado Taguató la presencia de unas 150 personas dentro de la zona de reserva, y este hecho fue comunicado al fiscal de la unidad zonal Alto Verá del Ministerio Público, Edgar Ortíz.
Según consta en un informe de la intervención policial, los ocupantes sostienen que el predio de más de 7.000 hectáreas, perteneció a un agricultor de origen japonés de nombre Hiroshi Shindoi, pero fue embargado por el BNF, y que reclaman un pedazo de tierra donde vivir.
Una posterior inspección del lugar realizado por el fiscal Ortíz y el fiscal ambiental, Rubén Lial, constató la tala de árboles, pero no se conoce de alguna medida adoptada al respecto, mientras continúa la situación de hecho y la tala de árboles.