A través de su cuenta en la red social Twitter, Quiñónez anunció la conformación de un equipo para investigar el informe de la Contraloría General de la República (CGR), en el que se constató que se ha violado el Tratado y se vendió energía a menor precio, fundamentalmente a Brasil, generándose una deuda de US$ 4.193 millones.
Los fiscales designados son Liliana Alcaraz, Osmar Legal, Marcelo Pecci, Luis Piñánez y Juan Manuel Ledesma, anunció la titular del Ministerio Público.
Lo llamativo del caso es que dos de los fiscales designados; Marcelo Pecci y Liliana Alcaraz; formaron parte del equipo encargado de la investigación del acta entreguista firmada en secreto en mayo de 2019 y que podría haber representado millonarios golpes a los intereses paraguayos.
En ese entonces, los fiscales debían investigar los hechos punibles de Lesión de Confianza, Traición a la Patria. A casi dos años de que saltara el caso, no hubo siquiera una imputación sobre el caso.
Esos mismos fiscales que prácticamente no avanzaron con el caso del acta entreguista, ahora deberán investigar la posible existencia de hechos punibles denunciados por la Contraloría.
Diputados analizarán
Los diputados Kattya González, del Partido Encuentro Nacional (PEN), y Édgar Acosta, del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), impulsan un proyecto de declaración que pretende que la Cámara Baja se convierta en denunciante penal ante la Fiscalía.
Para los legisladores es imperante que el Ministerio Público indague para determinar quiénes fueron los responsables del “entreguismo” que benefició a Eletrobras y perjudicó a Itaipú y a nuestro país.
Al respecto, la diputada González comentó que pretenden remitir los antecedentes del caso a la Fiscalía, como una denuncia “ordenando la apertura de una investigación penal”. Según mencionó se debe determinar quiénes fueron los responsables del “entreguismo”.
Indicó que hay responsables principales y secundarios. Insistió en que los responsables secundarios son los miembros de las distintas administraciones que no revisaron los términos del acuerdo y permitieron que siguiera el abuso.
La conclusión de Contraloría
Conforme al informe de la Contraloría se destaca que las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo de Itaipú, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad, durante los años 1984 a 1996, a excepción del año 1991, en clara transgresión del artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, incidieron sustancialmente a nivel económico en la entidad.