El canciller sostuvo que están tomando con mucha seriedad el informe emitido por la Contraloría General de la República sobre la deuda ilegal de Itaipú, que confirmó la existencia de una cuenta espuria que asciende a US$ 4.193 millones, que se benefició a Eletrobras y perjudicó a Itaipú y al Paraguay. Según las hipótesis de la Contraloría, la misma habría sido saldada entre 2014 y 2016.
Opinó que le gustaría que el contralor general buscara un nexo con su par brasileño para tratar este tema primeramente en un diálogo, aclarar los puntos, y si corresponde un resarcimiento, que este se concrete.
“La binacionalidad es una figura jurídica que se rige por el derecho internacional. Estamos esperando la respuesta brasileña a nuestra contrapuesta, todos juntos tenemos que despejar esta incógnita
La Fiscalía debe comprobar que esto (la deuda) es real o no. Ahora que ya actuó de oficio debe investigar y comprobar que los hechos aludidos sean ´punibles”, expresó Euclides Acevedo.
Destacó que sea quien sea el responsable en esta situación, la Contraloría debe cumplir su cometido.
Recomendó que se imagine “el peor escenario”, de manera a que al momento de enfrentar la situación se pueda llegar a buen puerto.
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Aconseja soluciones bilaterales
Expresó el deseo de que no se llegue al punto de tener que recurrir a estamentos internacionales para dirimir este desacuerdo, porque se trata de una deuda que surge de dos socios.
“La cosa tiene que ser recurrida bilateralmente, y si eso no funciona están los estratos jurídicos internacionales. Lo que no puede es quedar la deuda es en el limbo de la memoria, esto tiene que terminar bien”, puntualizó Euclides Acevedo.
Afirmó que es importante que las cuentas queden claras entre ambas naciones, pues así, “todas las futuras negociaciones estarán fuera de sospecha”. “Si no se aclara cualquier negociación que surja en el futuro tendrá sospecha”, dijo.
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Procuraduría debe defender al Estado
Resaltó también que la Contraloría detecta irregularidades, pero la que ejecuta la defensa de los intereses del Estado es la Procuraduría General de la República.
“La gente quiere cárcel a los culpables, pero acá lo importante es recuperar la deuda. De qué sirve que exdirectores sean penalmente castigados y la deuda continúa. La Procuraduría tiene que decir esto es del Estado y hay que recuperarlo, independientemente de si los culpables van o no presos”, señaló el canciller.
Concluyó expresando que se trata de que la entidad salga salvada de sospecha. “Si hay irregularidad se corrige, y si hay deudas se saldan”, finalizó.
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Conclusiones de la Contraloría
En la conclusión del mencionado informe, resultante de la verificación de los documentos a los que tuvo acceso la CGR, proveídos por la entidad auditada, y relacionados con la deuda de la entidad binacional, se destacan las medidas adoptadas por los miembros del Consejo de Administración y del Directorio Ejecutivo de Itaipú Binacional, al determinar la aplicación de tarifas por debajo del costo del servicio de electricidad, durante los años 1984 a 1996, a excepción del año 1991, en clara transgresión del artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, incidieron sustancialmente a nivel económico y financiero en la entidad.
Esta situación ocasionó el aumento indebido e ilegal del saldo de su deuda que, a diciembre de 2020, asciende a US$ 3.856.790.000, saldo del cual US$ 3.629.057.000 corresponde a la deuda con Eletrobras (incluida la cesión al Tesoro Nacional Brasileño), equivalente al 94% de la deuda total de Itaipú.
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Lo dicho se fundamenta en las irregularidades evidenciadas y señaladas en el documento del ente contralor, que menciona que desde el año 1985 al año 1997, a excepción del año 1991, al aplicar Itaipú la tarifa inferior al costo del servicio de electricidad, a pedido de los representantes brasileños, alegando dificultades económicas y con la complacencia de los representantes paraguayos, en clara violación al artículo IV.1 del Anexo C del Tratado, dejó de percibir el importe de US$ 1.757.128.833,22 y generó una deuda ilegal de US$ 4.193.000.000 en contra de sus propios intereses y a favor de Eletrobras.