Juez resolverá mañana si suspende o no la preliminar para Diaz Verón y su esposa

El juez Julián López resolverá mañana miércoles si suspende o no la audiencia preliminar para María Selva Morínigo de Diaz, procesada junto a su marido el exfiscal del Estado Francisco Javier Diaz Verón, por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. La procesada solicitó la postergación de la diligencia porque hay una acción pendiente en la Corte. La fiscala Natalia Silva solicitó al juzgado que declare litigante de mala fe a Morínigo de Diaz, por el nuevo pedido de suspensión de la preliminar.

El exfiscal general del Estado Francisco Javier Diaz Verón y su esposa María Selva Morínigo de Diaz, procesados por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.
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La preliminar para Diaz Verón y su esposa Morínigo de Diaz estaba previsto para este miércoles a las 9:00, en el juzgado de Julián López, pero la procesada solicitó la suspensión, que ahora debe resolver el juez. La mujer argumentó que no se puede llevar adelante la audiencia preliminar porque la Sala Constitucional de la Corte aún no resolvió la acción que planteó contra las resoluciones de la Sala Penal que confirmaron la acumulación de los procesos abiertos a la pareja, por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

No obstante, en la media mañana del lunes, el Secretario Judicial I de la Sala Constitucional, Abog. Julio Pavón, remitió al juzgado de López el expediente caratulado “María Selva Morínigo de Diaz s/ lavado de dinero”, para la realización de la audiencia preliminar.

El juez López también debe resolver el pedido de la fiscala Natalia Silva quien solicitó que se le declare a Morínigo de Diaz, litigante de mala fe por ejercicio abusivo del derecho. Ya lograron suspender la audiencia preliminar en cuatro ocasiones anteriores, indicaron.

Antecedentes

El exfiscal del Estado Díaz Verón estuvo recluido como prisión preventiva desde agosto de 2019 en la penitenciaría de Tacumbú, y posteriormente, en la prisión militar de Viñas Cué hasta febrero de 2020, cuando se le otorgó el arresto domiciliario tras someterse a una cirugía por problemas de salud.

La pareja fue acusada por no poder justificar sus ingresos de unos G. 10.495.174.320, entre los ingresos y egresos que tuvieron entre 2008 y 2017.

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