Los ministros Manuel Dejesús Ramírez Candia, María Carolina Llanes y Luis María Benítez Riera, integrantes de la Sala Penal de la máxima instancia judicial, resolvieron no hacer lugar a la recusación planteada por el abogado Emigdio Osvaldo Benítez Ortiz y confirmaron a los camaristas Juan Carlos Olmedo, María Elena Meza y Christian Bernal en el Tribunal de Apelación Multifueros de Villa Hayes.
El recurrente argumentó su recusación afirmando que duda de la imparcialidad de los miembros del Tribunal de Apelación Multifueros. Sin embargo, los ministros de la Sala Penal coincidieron en que los motivos aducidos por el recusante carecen de fundamentación fáctica y jurídica.
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“Del análisis de las constancias de autos se advierte, por una parte, la inexistencia de aval probatorio que demuestre la supuesta parcialidad manifiesta por parte de los miembros del tribunal de apelaciones, razón por la cual, deviene improcedente la separación de los magistrados”, resalta parte del Auto Interlocutorio N° 795, por el que se resolvió no hacer lugar la recusación promovida.
Ahora los camaristas tienen vía libre para resolver la recusación interpuesta por Benítez Ortiz en contra del juez Christian González. A raíz de la chicana, la audiencia preliminar de la causa se suspendió por 29ª vez, el pasado miércoles 9 de junio.
Además de Benítez Ortiz, en la causa están acusados el exgobernador de Presidente Hayes Óscar Venancio Núñez (hermano del diputado colorado Basilio Núñez), el actual gobernador Rubén Antonio Rousillón Blaires, Nancy Genoveva Núñez de Rousillón, Raúl Ernesto Delgado Torres, Marlene Altemburger Da Silva y Edulfo Antonio Verón Recalde.
Chicanas dilatan proceso que se inició en 2015
En 2012, la Contraloría General ordenó auditar la gestión del periodo 2011 del entonces gobernador. En el año 2013, el órgano contralor presentó denuncia ante el Ministerio Público por el presunto desvío de más de G. 800 millones.
Se abrió una investigación que estuvo a cargo del entonces fiscal Martín Cabrera, que en 2014 imputó a Óscar Venancio Núñez y Emigdio Benítez, quien completó el periodo del primero, además de otros.
En marzo del año 2015, el entonces fiscal adjunto anticorrupción Federico Espinoza presentó la acusación contra Núñez y otras 12 personas, entre ellas también el actual gobernador Rubén Rousillón Blaires. Sin embargo, después de 6 años aún no se puede hacer la audiencia preliminar para siete acusados, en la cual se tiene que resolver si estos van o no juicio oral.
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La primera acusación de la Fiscalía contra Núñez fue por el perjuicio de G. 32.182 millones y en el periodo de Benítez el presunto desvío llegó a G. 11.807 millones. A esto se debe sumar G. 11.058 millones, monto que fue acusado por el actual fiscal de la causa, Luis Said.
Según la acusación, para justificar las erogaciones los administradores presentaron facturas falsas, algunas de ellas emitidas incluso a nombre de la Gobernación.