ABC accedió a audios donde Florencio Ferreira, directivo de la empresa Onex Group SA, advierte a los explotadores de tragamonedas de Itapúa que deben someterse a la nueva regulación de estas máquinas. Se trata de una firma subcontratada por iCrop SA, representada por Ariel Peña Flores, adjudicada de forma directa, sin concurso, por la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Ortíz Báez, para “regularizar” la situación de esas máquinas electrónicas.
Los audios se enviaron vía whatsapp a los explotadores de juegos de azar y estos los compartieron a nuestro diario, pidiendo resguardar sus identidades. Para corroborar la veracidad de la voz, ABC accedió a una entrevista que dio Ferreira este año a un medio de comunicación del interior en la que habló sobre la nueva regulación de las tragamonedas, donde se escucha exactamente la misma voz que en los audios de whatsapp. Además, una empresaria de Itapúa que denuncia persecución de Onex (cuyos accionistas son Pedro Ramón Ortiz Aldana y Alejandro Sebastián Ferreira Barrios), llamada Marcela Benítez, confirma que la persona que habla en los audios filtrados es el titular de la citada firma.
Se lo escucha a Ferreira explicando que la nueva normativa de la explotación de tragamonedas establece el “catastro obligatorio” de todas las máquinas en sitios no exclusivos de juegos de azar y el pago del canon mensual a Conajzar. Advierte que en caso de que los comerciantes no se sometan a estas “reglas”, se les incautarán sus aparatos electrónicos y estos serán destruidos. Anuncia que a corto plazo, Onex Group SA como “empresa reguladora” va a denunciar ante la Fiscalía y el Departamento de Delitos Económicos de la Policía a aquellos que siguen en el negocio “de manera clandestina”. Es decir, trabajar “regularmente” se reduce a pagar por el canon, del cual en realidad Conajzar se queda con apenas el 30% y 70% restante va a los responsables de las gestiones (iCrop y sus “agencias”).
Precisamente, conforme se escucha en la grabación, Ferreira asegura que no habrá inconvenientes con los explotadores que tengan 10 a 15 tragamonedas (pese a que esto es irregular) y que los dos únicos requisitos para otorgar la autorización a los interesados son que el local no se encuentre ubicado a 200 metros de un centro educativo y que cuente con patente comercial vigente. Con estas declaraciones se confirman las denuncias recibidas por ABC de que iCrop SA y sus “agencias” no cumplen con el catastro de sólo 3 máquinas por comercio, estipulado en la Resolución N° 34/2020 de Conajzar.
“Reguladoras” de las que poco se sabe
Además, con sus declaraciones se corrobora que iCrop y sus “agencias” usurpan las funciones de Conajzar al habilitar a locales para la explotación, como “concesionarias reguladoras” y que usan (o abusan de) la fuerza pública conforme a sus intereses particulares. Estas denuncias las vienen realizando explotadores de tragamonedas, que incluso en las últimas semanas salieron a las calles dos veces a protestar en Asunción.
ABC ya publicó que a los comerciantes se les cobra G. 300.000 al mes por cada máquina en locales no exclusivos de juegos de azar. Y que de esa suma, Conajzar lleva solo un jornal mínimo, hoy G. 88.051, y lo restante queda para iCrop y sus “agencias”.
Cobra G. 450.000 y hace “descuentos”
Pero ahora nuestro diario accedió a otros documentos que muestran que hay casos en los que el valor del servicio de la concesionaria es mucho mayor. De hecho, el monto que cobra Onex Group SA por el catastro es G. 450.000 por cada máquina al mes y de ese monto, solo G. 88.051 se destina al Estado en concepto de canon. Otro audio revela que Ferreira negocia el valor del servicio y ofrece un “descuento” para catastrar por G. 400.000 a las primeras cien tragamonedas registradas, durante 60 días.
Ferreira advierte que los explotadores de Itapúa se exponen a ser imputados por explotación de juegos de azar clandestina, como resultado de procedimientos “similares a los de Central”, en alusión a las intervenciones concretadas por Fiscalía en Luque y Asunción a inicios de año.
Sobre el alto precio que se debe abonar para la “regulación”, Ferreira asegura que tanto iCrop SA como Onex Group SA son empresas privadas y por ende, no tienen la obligación de informar lo referente a su estructura de costos. “O acaso uno va a la carnicería y cuestiona el precio de la carne”, dice Ferreira en uno de los audios a los que accedió a ABC.
En recientes declaraciones a nuestro diario, María Galván, asesora jurídica de Conajzar, se desentendió del valor del servicio que cobran las firmas privadas, y reconoció que éstas ponen el valor que consideren necesario para cubrir sus costos. Es decir, se les da la potestad de establecer tarifas de forma arbitraria. Galván agregó que la obligación de iCrop es cumplir las transferencias de los montos de tasas e impuestos.
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Nadie da la cara
ABC intentó conversar con Ferreira pero no contestó las llamadas ni mensajes enviados a su celular. Hace días que se intenta obtener la versión del titular de Conajzar, José Ortiz, pero tampoco responde. Estos audios confirman el descontrol en el rubro e indican que el único objetivo de la “regularización” es en realidad poder alcanzar la mayor cantidad de tragamonedas catastradas para recaudar más dinero, pero no para el Estado. El compromiso asumido por iCrop SA es regular 50.000 tragamonedas, cantidad que representará ingresos de US$ 652.229 al Estado al mes y US$ 1,5 millones para la firma privada.
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Desde el Senado sospechan que la “regularización” de tragamonedas en sitios no exclusivos de juegos de azar se trata de un esquema para legalizar un negocio en condiciones prohibidas y que permitirá registrar “tragamonedas fantasmas” para justificar ingresos, y así facilitar el lavado de dinero.
También cuestionan la adjudicación directa para una explotación de juego de azar a nivel país, en lugar de una licitación, así como la falta de transparencia pues hasta hoy no se mostró el contrato entre iCrop y Conajzar ni la lista de las “agencias” con las que esta trabaja. Otro punto que se critica es la exposición de los menores de edad a las máquinas y a que caigan en la ludopatía.
Interpelarán al titular de Conajzar
En sesión ordinaria de la Cámara de Senadores, se dispuso ayer interpelar al presidente de Conajzar, José Ortiz, ante todas las denuncias en torno a la nueva “regulación” de las máquinas tragamonedas, aunque también se habló de críticas sobre la explotación de la quiniela.
Se habló del abuso de las fuerzas públicas para la recaudación de empresas privadas (iCrop y sus subcontratadas), cuyos verdaderos dueños podrían ser políticos según las sospechas.
Firma de Itapúa denuncia que sufre persecuciones
La empresa Proinso SA, explotadora de tragamonedas y propietaria de salas de juegos de azar en el departamento de Itapúa, denunció que sufre persecución por parte de Onex Group SA, una de las agencias de iCrop SA. La representante de la firma denunciante, Marcela Benítez, brindó detalles de la situación que le afecta al Sur del país.
Benítez contó a ABC que empleados de Onex Group SA visitaron sus locales ubicados en las ciudades de Encarnación y Cambyretá para censar y catastrar sus máquinas, a pesar de que son salas de juegos de azar, es decir, la regulación de estos corresponde a las municipalidades. Recordó que la Resolución N° 34/2020 de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), que reglamenta las actividades de la concesionaria iCrop, establece que la regulación se realiza sólo en sitios no exclusivos de juegos de azar, tales como bares, despensas, bodegas y otros. Este tipo de irregularidades también se denunció en Asunción y ciudades de Central.
Benítez indicó que esas personas divulgan falsa información sobre que supuestamente, sólo Onex Group SA es legal y los demás explotadores son clandestinos. Denunció que sus locales ya fueron sometidos a allanamientos de la Fiscalía, ocasiones en las cuales se incautaron máquinas pese a que cuentan con todos los documentos que respaldan la legitimidad de la empresa, afirmó. “Nosotros tenemos hasta la patente comercial emitida por la Municipalidad, documento que no dispone Onex Group”, resaltó.
En cuanto al Registro Nacional de Operadores de Juegos de Azar de Conajzar, mencionó que no cuenta a pesar de que hace meses lo solicitó. Dijo que antes de que exista la nueva normativa (Res. 34/52020) no existía demora ni inconvenientes para obtenerlo. “De esta manera, queda como que somos ilegales, nos amedrentan y buscan dejarnos sin mercados. Es una competencia desleal”, sostuvo.
En los expedientes fiscales que abren a los que no quieren adecuarse “a las nuevas reglas”, aparece Onex Group SA solicitando ser depositario judicial de las tragamonedas incautadas en los procedimientos. Esto, según las apreciaciones de Benítez, es la demostración del poder con que se maneja tanto Onex como iCrop, cuyos directivos serían sólo testaferros de políticos poderosos.
Este documento coincide con otras denuncias recibidas por ABC de que la empresa iCrop SA y sus agentes buscan apoderarse de sus máquinas, utilizando a la justicia para concretarlo. Además, con este documento, se plantea una contradicción de lo afirmado por Onex, de que las tragamonedas serán destruidas.
Por otra parte, cabe recordar que uno de los directivos de Onex es Jorge González, funcionario de la Entidad Binacional Yacyreta (EBY) y convocado para ser jefe de Gabinete de la Municipalidad de Encarnación en la administración del intendente Sebastián Remezowski (ANR). Se trata de un militante de la Asociación Nacional Republicana (ANR)- Partido Colorado.
Las municipalidades son las que deben regular en sus ciudades el cumplimiento de las reglas de los juegos de azar, según la ley N° 620/76 que establece el Régimen Tributario de las comunas. Pero hoy con el contrato entre Conajzar y iCrop, como parte de la creación de una “nueva modalidad” de explotación de tragamonedas, se generó confusión en las comunas con relación al cobro de tributos y los procedimientos fiscal -policiales, según recientes quejas.
Precisamente, considerando la falta de claridad entre lo dispuesto por Conajzar y la autonomía de las municipalidades, la comuna de Cambyreta realizó una consulta a dicha institución a fines de abril y hasta hoy no ha sido respondida.