La senadora Esperanza Martínez afirmó ayer que no tuvo respuesta a su pedido de suspensión del contrato entre iCrop SA y Conajzar, referente a las máquinas “tragamonedas”, realizado formalmente el martes durante la sesión de la Cámara Alta. Ante la falta de claridad del alcance y los límites del acuerdo, desde el Senado se pidió la suspensión del contrato, la intervención de la Fiscalía y el envío de reportes de Contraloría y Hacienda al respecto.
La legisladora sostuvo que las evidencias apuntan a que se trata de un montaje para una “privatización irregular, monopólica y dirigida para alzarse con millonarias ganancias”. Es que la firma iCrop es “concesionaria” de la Conajzar, pero para una concesión propiamente debe haber una ley, en tanto que en este caso solo hubo una resolución, según las explicaciones.
En esa misma sesión del Senado incluso se habló de un posible lavado de dinero, en el que el “modus operandi” sería reportar una mayor cantidad de máquinas “tragamonedas” de las que realmente existen en el país, para “limpiar” el origen de billetes obtenidos de actividades ilegales.
Ignoran cuestionamientos
Sobre el pedido de suspensión, Omar Mongelós, miembro de Conajzar, indicó a ABC que eso no se discutió en el seno del comité, como tampoco los cuestionamientos sobre la operación. Este documento ni siquiera ha sido socializado a la ciudadanía, a través de la prensa, para conocer los detalles del acuerdo con esa misteriosa empresa de la que poco y nada se sabe y que nace como iCrop recién en el año 2018, poco antes de la firma de contrato con Conajzar.
Precisamente, ABC detectó la falta de información entorno a las operaciones de iCrop. Primero, se intentó llegar a la oficina de la citada compañía, cuyo gerente general es una persona llamada Ariel Peña, pero no fue posible. Los registros oficiales señalan que la supuesta sede de la “empresa” se ubica en la Supercarretera N° 9038 de Hernandarias (Alto Paraná), pero nuestros corresponsales recorrieron la zona y en tal dirección no existe esa oficina. Nuestro diario también acudió a una casa ubicada en el Cuarto Barrio de Luque, que explotadores de tragamonedas reconocen como supuesto local de la firma, pero en el sitio no existe ningún cartel identificatorio.
Además, en los papeles iCrop dice ser una empresa que “desde sus orígenes” se dedicaba a este sector de la tecnología, pero hasta ahora no se informó qué otro trabajo hizo esta firma en el rubro. Además, ABC accedió a documentos comerciales que confirman que esta empresa en sus orígenes, en el año 2009, tenía otra denominación, otros accionistas y otras actividades declaradas, de sectores textil, importación, comercios, etc.
Recién en 2018 nace como iCrop y pocos meses después realizó su propuesta de trabajar con Conajzar, que se aprobó a través de la Resolución N° 34/2020. Y esta firma, que podría ser “de maletín”, es la que se queda con el 74% de las recaudaciones por explotación de tragamonedas, mientras que a Conajzar solo le queda 26%.
Sobre estos puntos, nuestro diario le consultó ayer a Ariel Peña, vía mensajes a su celular, y se limitó a responder que las aclaraciones las realiza a través de Sol Ruiz y Humberto Acuña, asesores de comunicación y legal, respectivamente. No respondió más al ser insistido en que la empresa que dirige es cuestionada y que incluso se habla de un caso de lavado de dinero.
En conversación con Ruíz, ella minimizó las acusaciones y aseguró que no son una empresa “de maletín”. “Contamos con un plantel de profesionales y colaboradores contratados que son los que desarrollan las actividades a nivel país”, dijo. Agregó que cuentan con agentes autorizados a nivel nacional y que las actividades son debidamente comunicadas a Conajzar.
Investigación de ABC es “chismerío” para integrante de Conajzar
Con la resolución N° 34/2020, la Conajzar creó una “nueva modalidad de explotación de las máquinas tragamonedas” para censar y catastrar estos aparatos que funcionan en sitios que no son salones de juegos de azar, tales como despensas, kioscos, bares y otros.
Sobre el tema, ABC consultó ayer con todos los miembros del Consejo. Omar Mongelós, representante por el Ministerio del Interior, calificó de “chismerío” la investigación de ABC respecto a anomalías en el contrato con iCrop y la casi nula información sobre la misteriosa compañía.
No obstante, se comprometió a ponerse a disposición para profundizar los temas abordados en la jornada de hoy, viernes 2.
Sospechoso silencio
La citada resolución N° 34/2020 está firmada por miembros de la comisión y representantes de distintas instituciones: De la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso; de las municipalidades, Ricardo Núñez Giménez; de las gobernaciones, Rubén Antonio Roussillón; del Ministerio del Interior, Omar Mongelós. En tanto que el presidente es José Antonio Ortíz Báez.
Ortíz, Alonso y Núñez no respondieron ayer las llamadas y mensajes; Roussillón atendió pero optó por no dar declaraciones al respecto.
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