El Instituto de Previsión Social destituyó a Halley, quien recientemente había cuestionado duramente un fallo judicial, por favorecer a un grupo de marinos y que, según denunció, pondría en peligro a todo el sistema de pensiones y jubilaciones del IPS. Tras su salida, Halley calificó hasta ineptas a las autoridades de la Previsional.
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Sin embargo, este último caso solo fue la gota que colmó el vaso, ya que anteriormente se había enfrentado hasta con gremios laborales por denunciar que presuntamente empresas habría defraudado a IPS, mediante un supuesto esquema que implicaba inscribir a sus empleados como sujetos a “suspensión temporal”, a fin de evitar el pago de salarios y que estos cobren únicamente el subsidio otorgado por el gobierno.
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De hecho la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Feprinco) fue uno de los gremios que respaldó al IPS en la decisión de expulsar a Halley. No es la primera vez que grandes gremios nacionales defienden al gobierno en cuestionados temas. La mayor muestra de ello es el caso del acta entreguista de Itaipú, que casi le costó el juicio político al presidente Abdo Benitez y al vicepresidente Hugo Velázquez y también es uno de los más grandes ejemplos de cómo este gobierno repele a los que se podrían considerar buenos funcionarios públicos.
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En dicho caso, el expresidente de la ANDE, Pedro Ferreira y el entonces gerente técnico de la institución, Fabián Cáceres terminaron renunciando al oponerse a firmar el cuestionado acta entreguista, que según advirtieron y se comprobó posteriormente, atentaba contra los intereses nacionales. El gobierno se vio forzado a revertir el acuerdo, incluso con ayuda del presidente brasileño Jair Bolsonaro, ante la inminencia del juicio político a los referente del Ejecutivo de nuestro país.
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Quién le llevó el ultimátum de firma del acuerdo entreguista o de la renuncia a Ferreira fue el actual asesor de la Presidencia Federico González, que pese su cuestionada participación en dicho caso, fue premiado varias veces desde entonces, siendo nombrado Canciller Nacional, y luego director interino de Itaipú -cargo al que tuvo que renunciar tras no lograr el acuerdo constitucional del Senado-. Tras ello volvió al cargo de asesor del Ejecutivo.
Siguen resonando desde ese caso la frase del presidente Abdo Benítez, que intentó justificar el acuerdo alegando que nuestro país debía de dejar de tener una actitud de “pillos y peajeros”, aunque luego se comprobó que eran otros realmente los que tenían dicha actitud.
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Otra a la que sinceridad le costó el cargo fue a la viceministra de Protección de Derechos de las Mujeres, Liliana Zayas Guggiari, que se había opuesto a un comunicado y posturas absurdas del Ministerio de la Mujer. En febrero pasado, tras un escrache al entonces secretario general y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, Juan Ernesto Villamayor y su esposa en un restaurante de Asunción, hecho que terminó incluso en agresiones físicas entre los protagonistas, un vendaval de críticas azotó al Ministerio de la Mujer, ya que emitieron un comunicado defendiendo al funcionario público y su esposa.
La crítica fue aún mayor, ya que se produjeron sonados casos de feminicidio, que pasaron inadvertidos para el Ministerio de la Mujer, entonces a cargo de la ministra Nilda Romero, que centró su atención en el caso particular que afectó a Villamayor, además de que organizó un acto de conmemoración del día de la Mujer, donde el principal agasajado sería el presidente Mario Abdo.
Todo estas seguidillas de papelones hicieron que por “decoro” y por expresa oposición a dichas posturas, Zayas Guggiari presentara renuncia al cargo. Romero, pese a sus posturas de extrema adulación al mandatario, no se salvó de ser una de las destituidas tras las protestas de marzo pasado contra el mandatario, momento en el cual también se fue Villamayor.
Sin embargo, Villamayor era uno de los más cuestionados del gobierno y ya había pasado previamente por otras instituciones, de donde salió con varios escándalos, y aún así fue premiado con otros cargos. Cabe recordar que primeramente fue nombrado ministro del Interior, cargo que tuvo que abandonar tras estar salpicado por denuncias de pedido de sobornos para evitar la captura de Darío Messer, que entonces era buscado por el Brasil, vinculado al caso Lava Jato.
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De hecho, subalternos de Villamayor se encuentran actualmente imputados por dicho caso. Pese a esos cuestionamientos, el mismo fue reubicado como Secretario General y jefe del Gabinete Civil de la Presidencia, donde protagonizó otros escándalo por presunto negociado, en ese caso un supuesto acuerdo con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó en base a la deuda de nuestro país con Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA).
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Si bien el acuerdo supuestamente sería beneficioso para nuestro país, carecía presumiblemente de legalidad y además planteaban cuestionados pagos a intermediarios. Dicho caso le costó el cargo al entonces Procurador General de la República, Sergio Coscia, y aunque Villamayor logró sostenerse un tiempo, también sucumbió sobre todo a la presión del cartismo que pidió su cabeza para no acompañar un nuevo pedido de juicio político contra Abdo.