La magistrada convocó a Roque Silveira para una audiencia de imposición de medidas a ser realizada el 5 de julio a las 10:00. La Fiscalía solicitó medida alternativas a la prisión.
Los fiscales de delitos económicos y anticorrupción Francisco Cabrera, Liliana Alcaraz, Osmar Legal y Jorge Arce imputaron al cigarrillero Roque Fabiano Silveira por haber ocultado al doleiro Darío Messer en nuestro país en el año 2018, época en que el mismo era buscado por la justicia paraguaya y la brasileña.
La imputación da cuenta de que Roque Silveira ocultó en su estancia de Salto del Guairá al doleiro de doleiros e incluso intermedió con otras personas para que le dieran refugio, durante el tiempo en que estuvo prófugo de la justicia.
“... asimismo, ante el riesgo de que su huésped sea capturado hasta habría intermediado con miembros de la familia Motta para que este continúe oculto en lugares a cargo de dicha familia, permaneciendo entre las ciudades fronterizas de Brasil y Paraguay”, resalta la imputación.
Lea más: Siveira ocultó a Messer en su estancia y también le gestionó otro refugio
Los fiscales destacaron que esta situación pudo ser constatada mediante actos investigativos propios y además, informes provenientes de las autoridades del vecino país.
En noviembre de 2019, en ocasión de decretar la prisión de Cartes, Roque Silveira y otros en el marco de la “Operación Patrón”, el juez federal de Río de Janeiro Marcelo da Costa Bretas destacó que dos fotos encontradas en el celular de Messer de setiembre de 2018, el prófugo aparece festejando su cumpleaños en la casa de la familia Motta y en el restaurante Casa de Carne Novilho de Ouro, en Ponta Porã, propiedad de Cecy Mendes.
Lea más: Prófugo se paseó por un año en nuestro país
“... hay información de la Policía Federal de que el celular de Darío (Messer) posee registros de acceso a red wifi de la casa de la familia Motta en Paraguay, entre mayo y setiembre de 2018”, reveló el juez brasileño.
El Código Penal, en el artículo 292, que castiga la frustración de la persecución y ejecución penal. establece en el inciso 1 que intencionalmente o a sabiendas impidiera que otro fuera condenado a una pena o sometido a una medida por un hecho antijurídico, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa.