Los trabajadores se concentraron esta mañana frente a la sede de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar) y luego en caravana, se dirigieron al Congreso a reunirse la senadora Esperanza Martínez, presidenta de la comisión de Hacienda, confirmó Lorena Rojas, vocera de los manifestantes.
En conversación con los afectados, todos coincidieron en apuntar que se trata de un negociado de Conajzar con la excusa de regularizar la modalidad de juego de azar. La institución, presidida por José Ortíz, contrató de forma directa a la empresa iCrop, representada por Humberto Acuña, para controlar y fiscalizar los negocios que tiene como actividad secundaria el juego de azar “tragamonedas”, según se explicó.
“Desde este año aparecieron empleados de la empresa a exigir que paguemos G. 300.000 por máquina y si no lo hacemos, nos incautan la máquina ”, dijo Rubén Duarte, propietario de varias máquinas electrónicas de “tragamonedas” que se encuentran en diferentes comercios de la ciudad de Ñemby.
Agregó que no se explica que se atribuya esa función a la compañía porque que se trata de una competencia de las Municipalidades. En el caso de Ñemby, indicó que paga G. 120.000 por máquina a dicha empresa y como comprobante recibe un ticket y una calcomanía que se coloca en el aparato. Aclaró que junto con los colegas no se oponen a que se controle y regularice, sino que están en contra del excesivo monto y el actuar que consideran extorsivo.
“Soy propietaria de las máquinas y estoy al día con el pago del canon”, expresó Delia Martínez, otra afectada. Precisó que paga G. 150.000 a la Municipalidad de Asunción y cuestionó a Conajzar que atribuya a un privado que cobre la totalidad de la ganancia y si no lo hace, se les quitará los aparatos. “Lo que hacen es que trabajemos para ellos y si no le pagamos, se llevan mis máquinas y encima pueden explotar, porque también son explotadores. Es decir, son juez y parte”, criticó. Destacó que las reglas fueron establecidas para “un robo llano y descarado”.
Javier Balbuena, asesor jurídico del sector, explicó que la Conajzar inventó un servicio para concretar el negocio, y para ello, hizo una interpretación de la ley N° 1016 de 1997 que contempla nuevas modalidades de juego. Destacó que los tragamonedas no son nuevos, por lo que “Conazjar lo que hizo fue privatizar sus funciones de control y fiscalización de los juegos de azar, específicamente en el caso de tragamonedas”, dijo.
Además, destacó que al momento de elaborar el contrato se estableció que cada máquina pague un canon de G. 300.000 por máquina y de esa cifra sólo G. 80.000 queda para la comisión a Conajzar y el resto, G. 220.000, queda para la empresa por la intermediación.
“Haciendo un cálculo de 25.000 máquinas que habría en todo el país, son G. 5.500 millones de utilidad que queda para la empresa al mes, mientras que para Conajzar (saca poco y nada). Idearon un gran negocio en plena pandemia”, opinó. Lamentó que esta creatividad no se aplique para ayudar a la gente que sufre una serie de necedades como consecuencia de la crisis sanitaria y económica del país, porque sus ingresos son los que generan fondos para la Dirección de Beneficiencia y Ayuda Social (Diben).
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Empresa se defiende: Es un trabajo de censo, asegura
Por su parte, representante de iCrop, Humberto Acuña, expresó que el trabajo consiste en el censo de los “tragamonedas”, a fin de conocer la cantidad y las condiciones de las mismas, así como la ubicación exacta, mediante un código QR colocada a cada una. “El problema surge porque la gente quiere tener sus máquinas en la calle, en la vía pública, violando la normativa de protección a los niños y se que no se impida que caigan en la ludopatía”, dijo.
Mencionó que la firma se encuentra en una etapa inicial de operaciones y a los afectados se les notifica que las máquinas deben encontrarse dentro de salones. Con relación a la supuesta usurpación de funciones de las municipalidades, respondió que es falso. “La Municipalidad cobra por la actividad comercia y es la patente y a Conajzar le corresponde lo que es la explotación de juegos de azar, que controla y cobra a través de iCrop”, manifestó.
Añadió que se trata de un trabajo que la institución no realizaba y recién ahora lo hace al contratar a la compañía. En cuanto al cuestionado valor del servicio, respondió que se trata de una decisión de la Conajzar. Al respecto, ningún representante de la institución respondió a ABC, ni el presidente, José Ortíz, ni la asesora jurídica, María Galvan.