La presidenta de Insumos Médicos S.A, Patricia Ferreira Pascottini, acusada por supuesta producción de documentos no auténticos, asociación criminal y comercialización de medicamentos no autorizados, planteó una apelación general contra la providencia del 10 de febrero pasado, por la cual la jueza de garantías Clara Ruiz Díaz convocó la audiencia preliminar para el próximo lunes, 28 de junio.
Los abogados Alfredo Kronawetter Zarza, César Alfonso y Enrique Kronawetter, defensores de Ferreira Pascottini, argumentan que el pasado 9 de junio, fecha fijada para la presentación del requerimiento conclusivo, los fiscales Sussy Riquelme, Alma Zayas y Marcelo Pecci no remitieron con la acusación, las actuaciones y las evidencias y el cuaderno de investigación.
“Esta grave omisión (...) causa un agravio a nuestra defendida con base al derecho constitucional del control que nos garantiza el artículo 17 de la CN en sus incisos 7º y 8º en el sentido de controlar las pruebas ofrecidas -en este caso puntual- por el Ministerio Público, las cuales debió adjuntar con el acto conclusivo, lo que, reiteramos, brilla por su ausencia”, expresa la defensa en el escrito de apelación.
Por su parte los abogados José Dos Santos y Sebastian Quesada, representantes de Nidia Godoy, fundamentaron que el Juzgado de Garantías cometió un error, “que causa un agravio irreparable” a la acusada, ya que recibió la acusación fiscal y fijó fecha para la audiencia preliminar sin que el Ministerio Público haya presentado conjuntamente la acusación con la carpeta fiscal y las evidencias.
Ante la presunta irregularidad, las defensas piden que se suspenda la audiencia preliminar y que la Cámara de Apelaciones intime a la Fiscalía General del Estado para que requiera lo que considere pertinente, en el plazo de 10 días.
La acusación
La investigación del Ministerio Público reveló que las acusadas montaron un esquema delictivo para traer a Paraguay medicamentos de laboratorios de dudosa calidad de la India y China, y para el efecto adulteraban facturas de la multinacional brasileña Eurofarma, firma que denunció el hecho junto a un grupo de legisladores.
En total, los investigadores encontraron diez facturas adulteradas de la empresa Eurofarma y guías de tras-lados falsos presentados en Dinavisa (Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria) donde se especificaba que provenían de San Pablo, Brasil, cuando en realidad eran medicamentos importados desde la India y China.
Según la acusación fiscal, los fármacos ingresados en forma irregular y que posteriormente fueron distribuidos en el mercado nacional son Enoxaparin sodium, letrozol, omeprazol, piperacilina y tazobactan.
Además de las directivas de Imedic S.A el Ministerio Público acusó al despachante de Aduanas Néstor Domingo Ramírez Giménez, por los supuestos hechos de producción y uso de documentos no auténticos, comercialización de medicamentos no autorizados y asociación criminal.