El proyecto extiende hasta el 31 de diciembre la vigencia de la Ley N° 6524/2020 que declara estado de emergencia en el país ante la pandemia del COVID-19 y permite reasignar los recursos disponibles en el marco de la Ley N° 6672/2021, que aprueba el presupuesto general de la Nación, así como de las leyes especiales que fueron dictadas en el marco de dicha declaración de emergencia, señala parte del mensaje del Ejecutivo.
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Explica que se busca sostener las políticas sanitarias, fomentar la consolidación económica y la contención social de los sectores más vulnerables, y cubrir las necesidades de financiamiento del presupuesto y de aquellas necesidades derivadas de la pandemia, y de forma complementaria, aplicar una política fiscal responsable, que minimice los riesgos macroeconómicos y nos permita volver a una senda de crecimiento económico sostenible.
El plan incluye, entre otros, el redireccionamiento de créditos presupuestarios de las entidades y organismos del Estado para financiar la emergencia sanitaria, aplicación de medidas de racionalización de gastos, y gestión eficiente de los recursos financieros disponibles, según se expone en el mensaje.
Financiamiento del paquete
La implementación de las medidas dispuestas en el proyecto de ley requerirá de unos US$ 365 millones, que serán financiados con recursos disponibles en el presupuesto y los derechos especiales de giro (DEG) del FMI, sin que eso implique un nuevo endeudamiento, según habían señalado las autoridades de Hacienda.
Se prevé unos US$ 264 millones para salud y programas sociales; US$ 45 millones para el Instituto de Previsión Social (IPS) para subsidio a trabajadores formales suspendidos.
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Además, incluye recursos para subsidiar el 50% del consumo de Ande y Essap por seis meses para los sectores gastronómicos, eventos, turismos, hoteles y servicios, entre otros; para el fondo para Mipymes y cuentapropistas; para el Fogapy; y para la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN).