A fines de marzo pasado, a través del portal de Acceso a la Información Pública, ABC solicitó el listado de empresas sancionadas por aglomerar pasajeros en los colectivos, en plena vigencia de alerta sanitaria, y por incumplir frecuencia en el período de pandemia. También se solicitó una explicación sobre el funcionamiento del Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico. Se trata del expediente N° 40.788 , cuyo plazo de respuesta de 15 días hábiles venció en abril.
Recién el 14 de junio se tuvo una respuesta formal enviada al mail y además, se informó que había un CD que debía retirarse de la oficina del Ministerio de Obras Públicas. Pero ninguno de los dos reportes en formatos distintos contenían lo requerido.
El viceministro de Transporte, Víctor Sánchez, representante del Gobierno del presidente Mario Abdo Benítez en lo vinculado al sistema de traslado masivo de personas en el Área Metropolitana de Asunción (AMA) no informó cuáles son las empresas que castigaron a los pasajeros con “reguladas” de la frecuencia de los colectivos y aglomeraciones en plena vigencia de la alerta sanitaria mundial.
De esta manera, el presidente protege a transportistas de las sanciones dispuestas en sus propios decretos, se sienta a revisar el precio del pasaje con datos que podrían ser falsos y desembolsa subsidios a infractores incluso por “buses fantasmas”, es decir, por aquellos no trasladó ningún pasajero pero que de igual manera representó egresos al Estado. En medio de esto, los empresarios amenazaron con un paralización del servicio, ahora pospuesto a setiembre.
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Un reporte incompleto y sin sentido
En cuanto al reporte proporcionado por el viceministro Sánchez, se trata de un listado de las unidades en las cuales se constató la aglomeración, sin especificar a qué línea corresponde ni cuál empresa se trata. Ni siquiera es posible rastrear a las unidades reportadas en este informe, puesto que se trata de información que únicamente esa institución posee.
Al negar la información, o proporcionarla en un reporte incompleto y sin sentido como el recibido por este diario, Sánchez resguarda a los empresarios que expusieron al peligro la vida de los pasajeros e impide que la ciudadanía sepa quiénes son los responsables, de modo a ejercer presión para que el Ministerio Público actúe de oficio.
Por otra parte, el argumento de que la calidad del servicio decayó debido a que varias empresas de transporte se declararon en quiebra por la pandemia se desmiente con este informe oficial de Transporte, puesto que en los documentos se afirma que ninguna compañía ha comunicado el cese de actividades. De esta manera, no se explica que los pasajeros sean privados de la garantía de llegar a su destino.
Investigación fiscal, sin imputados
Los fiscales Lorenzo Lezcano y María Estefanía González son los responsables de la investigación por aglomeración de los buses, conforme a la denuncia planteada por el Partido Liberal Radical Autentico (PLRA), en marzo pasado. Hasta el momento no existe ninguna imputación por aglomeración en los buses, pese a que la nucleación política individualizó al ministro de Obras Públicas, Arnoldo Wiens, y al entonces viceministro de Transporte, Pedro Britos, y al representante de los transportistas, César Ruiz Díaz, como posibles responsables. Y además, a pesar de que basta con salir a las calles para saber qué empresas están exponiendo a los pasajeros a las aglomeraciones.
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Como parte del expediente de acceso a la información pública, se pidieron datos vinculados al incumplimiento de frecuencia de los colectivos, hecho conocido también como “reguladas”. Lo que sí se pudo corroborar con el cruce de datos es que de 17 compañías que fueron multadas, 10 de ellas siguieron cobrando subsidio del Estado (ver cuadro).
Informe incompleto
Sin embargo, el Viceministerio tampoco proporcionó el informe tal como se solicitó. Si bien proporcionó una nómina de empresas, ésta no está completa.
Un reporte de la agencia de información del Gobierno informó en enero de este año que doce empresas de transporte fueron castigadas por “reguladas”. Varias compañías de esa lista no están incluidas en el documento proporcionado por el Viceministerio de Transporte, que son la Líneas15-4, 19, 20, 46, 102 y 159.
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De esta manera, se puede sospechar que es una maniobra más para proteger a los empresarios, omitiendo varios nombres en las lista de empresas infractoras, pese a que las irregularidades denunciadas a inicio de año persistieron, conforme a las denuncias de los usuarios que llegan a diario a través de los diferentes canales disponibles en ABC.
Respuesta en un formato no solicitado
Otra aparente maniobra para complicar el análisis de los documentos es que la respuesta no se encuentra en el formato solicitado. Cabe recordar que la Ley N° 5.282 de Acceso a la Información Pública ya prevé este riesgo, por lo que facilita la posibilidad de elegir en qué formato se desea obtener la respuesta.
Un ejemplo que muestra esta complicación se observa en el listado de compañías habilitadas para la explotación del traslado masivo de pasajeros en el Área Metropolitana, con el detalle de su situación judicial. No se proporcionó en un formato editable.
Centro de Monitoreo del Billetaje Electrónico, una cuestión “sensible”
En vista al reiterado rechazo de que un equipo de ABC pueda visitar las oficinas del Centro de Monitoreo, solicitado a través de la Dirección de Comunicación del Viceministerio de Transporte y el Ministerio de Obras Públicas, incluso al propio ministro Arnoldo Wiens en una entrevista dada días atrás a ABC, se solicitó por escrito la explicación del funcionamiento del Centro de Control y Monitoreo (CCM) del Billetaje Electrónico. La respuesta del viceministro Sánchez fue que se trata de una “información sensible” que podría apeligrar la seguridad del software.
En diferentes ocasiones se calificó al Centro de Monitoreo como el “cerebro” del cobro electrónico, e incluso especialistas indicaron que en otros países, los datos brindados por este tipo de sistemas son de libre acceso, incluso en tiempo real vía Internet. Con relación al manual de funciones sobre el sistema, “podría contener información sensible sobre la configuración, mantenimiento, seguridad, operación y diseño del mismo, incluyendo al software, funcionalidades, formatos en que está contenida la información, conectividad, entre otros”, afirma la respuesta.
Añade que “publicar enteramente sobre el funcionamiento podría acarrerar potencialmente riesgos”. Y el reporte agrega que esta respuesta escueta “podría considerarse como una respuesta parcial a la pregunta planteada, ya que la misma resulta muy general”.
La adquisición del software así como las obras para instalar montar la infraestructura, fueron adjudicadas al Consorcio Electronic Ticket Control (ETC), representado por Ángela Marien Ocampos, por US$ 3,9 millones. El contrato sigue vigente hasta el año que viene.
Información sí es “sensible”, para los transportistas infractores
La información que contiene el CCM es clave para definir el precio del pasaje, porque reporta la cantidad de usuarios real, así como también el itinerario recorrido por cada bus y la cantidad de unidades operativas, todo esto en tiempo real.
Se trata de informes “sensibles”, tal y como respondió el Viceministerio, pero lo son para transportistas, porque de publicarse y de ser datos de libre acceso ciudadano, permitiría controlar e identificar a los empresarios que incumplen la frecuencia obligada, incluso de acuerdo a los horarios, que también está regulado en el Pliego de Bases y Condiciones.
Paro del transporte pospuesto a setiembre
Por otro lado, cabe recordar que por segunda vez, los empresarios del transporte pospusieron el paro del servicio. Habían anunciado una medida como esta en marzo pasado, luego se sentaron a negociar con el Consejo de Tarifa.
Como el resultado del trabajo de dicho Consejo no fue de su agrado, ya que se dejó al descubierto que los empresarios del sector tenían asegurada una ganancia del 18% sobre los costos fijos, los transportistas nuevamente en junio amenazaron con paro.
Pero la medida fue levantada tras conversaciones con el Gobierno, en plena época electoral, y con la promesa de que se seguirá recabando información para conocer el diagnostico de cantidad de pasajeros y kilometraje recorrido de los colectivos.
Entre las reformas anunciadas están que la tarifa técnica contemplará sólo buses operativos y pasajeros efectivamente traslados, y ya no cantidades estimativas, como se consideraba anteriormente. Recordemos que los transportistas cobran subsidio del Estado desde el 2012, con la creación del beneficio mediante un decreto del entonces presidente Fernando Lugo.
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¿Qué negoció el Gobierno de Mario Abdo?
Como parte de las negociaciones, el Gobierno reconoce los costos operativos actuales pero, según lo anunciado por el Ministerio de Hacienda y ratificado varias veces por el Viceministerio de Transporte, ya no se cubrirán las ganancias aseguradas a los transportistas.
Con esto, existe la posibilidad de que aumenten los desembolsos en concepto de subsidios. Al respecto, Sánchez fue consultado la semana pasada y respondió que eso corresponde a Hacienda. Pero el titular de dicha cartera, Oscar Llamosas, aclaró que las verificaciones para los pagos realiza Transporte, mientras a Hacienda sólo le corresponde lo concerniente al presupuesto.
Otra vez, Sánchez evitó responder si se darían más recursos públicos a transportistas, qué garantías hay del cumplimiento de las nuevas exigencias. Sólo se limita a responder que trabaja en el nuevo decreto que regula esos pagos.
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