La propuesta legislativa, originada en Cámara de Diputados, dispone que las personas discapacitadas registradas en la Secretaría Nacional de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad sean incluidas en el Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19, del Programa Ampliado de Inmunización, para su vacunación.
Según la ley, que ahora será remitida al Poder Ejecutivo para su promulgación, la Secretaría Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad están encargadas de la organización y ejecución en coordinación con el MSPyBS.
Un intenso debate motivó el proyecto debido a que las senadoras Desirée Masi (PDP) y Esperanza Martínez (Frente Guasu) remarcaron que disponer por ley la inclusión de grupos prioritarios para ser vacunados no corresponde ya que el MSPyBS debería hacerlo normalmente.
Además , Masi apuntó que el verdadero problema es la falta de vacunas y que la decisión del Gobierno de abrir paulatinamente la vacunación a todas las personas bajando el rango de edad fue una medida sin criterios científicos.
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La senadora Martínez planteó postergar el proyecto y convocar al ministro de Salud Julio Borba para que expliquen cuál es el plan que tienen en cuanto a la vacunación y las posibilidades que hay de contar con más vacunas a la brevedad.
El senador Antonio Barrios (ANR-cartista), presidente de la comisión de Salud, salió a defender al MSPyBS señalando que no era posible realizar ningún plan ni previsión porque no hay seguridad de las que las vacunas lleguen y dio a entender que el ministro Borba hace lo que puede.
El senador Eusebio Ramón Ayala (PLRA) argumentó que la aprobación de esta ley podría ser un instrumento para el Ejecutivo aunque admitió que este organismo no debería necesitar para cada caso leyes específicas. Indicó que el Congreso aprueba este tipo de leyes ante la evidente inutilidad del Ejecutivo de conseguir vacunas y aplicarlas a la población, priorizando a los grupos de riesgo.
Finalmente, Martínez retiró su pedido de postergación y prácticamente por unanimidad se aprobó el proyecto , que ahora deberá ser promulgado por el Poder Ejecutivo.