El presidente tiene tiempo hasta hoy para vetar o promulgar la ley que reglamenta el artículo 201 de la Constitución Nacional sobre pérdida de investidura. En caso de que no se pronuncie, la promulgación de la norma será automática.
Abdo el martes pasado brindó declaraciones ambiguas al señalar que son los partidos quienes deben analizar las mayorías. El principal cuestionamiento a la norma surge porque los diputados y senadores pretenden modificar la Constitución por ley y establecer que para la expulsión de un parlamentario no se requiere de mayoría simple, sino de una mayoría absoluta de dos tercios.
En Diputados precisarán 53 votos de los 80 y en la Cámara de Senadores 30 votos de los 45 para dar lugar a la pérdida de investidura de un legislador al que se le haya comprobado fehacientemente el uso indebido de influencias o alguna otra causal establecida en la Constitución.
El Presidente había prometido que el pasado jueves iba a decidir acerca de la ley del autoblindaje legislativo, sancionado por el Congreso el 20 de mayo pasado. Sin embargo, no se expidió sobre el tema.
Los diputados y senadores, incluso los de su mismo equipo político, ponen nuevamente en aprietos al Presidente, quien en plena crisis sanitaria y pico de contagios por el covid-19 debe distraer su atención para definir si veta o promulga la polémica norma.
Esta es la segunda vez que los legisladores del actual periodo parlamentario (2018/2023) vuelven a sancionar una ley que busca elevar las mayorías requeridas para dificultar las expulsiones en ambas cámaras del Congreso.
Sin necesidad
Los senadores cartistas Víctor Bogado y Óscar González Daher; los liberales María Bajac y Dionisio Amarilla, y el diputado Carlos Portillo (PLRA) fueron expulsados del Congreso por amplia mayoría. Con ello se evidencia que no necesitan violentar la Constitución Nacional para destituir a un parlamentarios cuando se reúnen los votos.
En pleno trámite del proyecto de ley, Portillo fue destituido por 61 votos.